La denuncia penal presentada ante los juzgados de Marchena por supuesta extorsión en relación a las asignaciones a grupos políticos municipales se ha ampliado también por prevaricación contra el interventor del Ayuntamiento y la Alcaldesa Mar Romero.
Los abogados del bufete Corzo, que defienden al Partido Popular (PP) y otros grupos afectados, argumentan que el Ayuntamiento de Marchena carece de un reglamento de regulación del régimen financiero de la dotación económica asignada a los partidos políticos municipales, lo que permite la resolución arbitraria y el abuso de poder por parte del funcionario.
La denuncia penal interpuesta en los juzgados de instrucción de Marchena se encuentra abierta y en proceso de declaración por extorsión y prevaricación de la que han sido victimas según el Gabinete Corzo concejales de la oposición.
En un pleno realizado el año pasado, el interventor del Ayuntamiento de Marchena y la Alcaldesa requirieron una serie de reintegros de cantidades «dadas y justificadas por el Partido Andalucista y el Partido Popular, así como otros partidos excepto el Partido Socialista» según informa el Gabiinete Corzo de Abogados. Los miembros de estos partidos fueron informados de que se les embargarían todos los bienes si no devolvían importantes cantidades «presentes y futuros sin seguir un procedimiento administrativo».
Paralelamente, los concejales de la oposición afectados han presentado quejas en el Defensor del Pueblo y en la Alcaldía por la falta de seguridad jurídica y por la «indefensión absoluta» de los afectados según explica el Bufete de Abogados Corzo.
Recientemente, el Partido Popular de Marchena denunció públicamente una supuesta quema de documentación municipal sin protección de datos ni ambiental, cuestionando el control que la intervención hace sobre las arcas municipales. Por ello, solicitan que el interventor deje de ejercer sus funciones hasta que se aclare la vía penal.
Los abogados del bufete Corzo han solicitado que se inicie de oficio por el órgano competente un expediente disciplinario contra el interventor, del Ayuntamiento de Marchena ya que «sigue manejando las arcas municipales y no existe objetividad en la resolución de los recursos administrativos presentados por los afectados».