La aristocracia intentó prestar apoyo a sus criados, contadores y mayordomos en estos momentos de supremo apuro, ofreciéndoles acogida en sus señoríos, como si la Inquisición sólo valiera en las tierras realengas. Desgraciadamente, el brazo del Santo Oficio era demasiado largo.
El 2 de enero de 1481 se trató de atajar la desbandanda: los inquisidores, blandiendo la pena de excomunión mayor, apremiaron a los nobles, empezando por Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena y marqués de Cádiz, a que en un plazo de 15 días prendieran a los conversos que se habían escapado de Sevilla y refugiado en sus tierras.
Los mandaran a la cárcel inquisitorial y embargaran sus bienes, so pena de incurrir en excomunión y en los castigos impuestos a los favorecedores de herejes.
Sin embargo, en ese mismo año huyeron más de 8.000 personas a las tierras del marqués de Cádiz, quien «los mandó acoger a facer mucha honra»; entre ellos figuraba Isabel Suárez, la mujer del quemado Benadeva.
Otros buscaron amparo cerca del duque de Medina Sidonia: Rodrigo de Segura se acogió a Trigueros. Los Susán se repartieron por diversos señoríos: Juan Gómez de Susán y Pedro de Susán se retiraron a Marchena, Alvaro de Susán fue a parar a Sanlúcar de Barrameda (SL 1494 n° 24). Esta última villa recibió también a Iseoy Leonor, las hijas del doctor Alonso Rodríguez.
En su testamento, otorgado en Écija el 16 de marzo de 1483, declaró Fernando Puertocarrero: «que dé al rey catorze mili y CC mrs. que devía [Puertocarrero] algunos conversos»; sin duda se trataba de deudas que pertenecían al rey por haber sido confiscados los bienes de los acreedores. En la villa de Palma, con Puertocarrero, se refugió Luis Sánchez de Ribera.
SABER MAS: Juan Gil. Los judeoconversos en Sevilla. Tomo 1