El Gobierno andaluz acordó alquilar un edificio para reubicar la sede judicial de Marchena, uno de los «puntos negros» de la provincia en cuanto a infraestructuras judiciales, y para garantizar así unas condiciones «dignas» para los trabajadores y la prestación del servicio público a la ciudadanía.
En el inmueble arrendado, en la calle Huerta Gavira, se han acometido obras para reformarlo y adecuarlo al uso judicial. Se trata de un edificio de casi 500 metros cuadrados repartidos en dos plantas que albergará los dos Juzgados Mixtos de la localidad (uno de ellos con competencias en violencia sobre la mujer), el Registro Civil, la clínica médico forense y las dependencias de la Fiscalía.
La Delegación territorial de Justicia en Sevilla se encarga del mantenimiento, los alquileres, la climatización y las reformas menores de las sedes judiciales de la provincia, entre otras cuestiones. Para estos fines, en el presupuesto para 2023 hay consignados 379.000 euros, «sin perjuicio de las necesidades que puedan surgir», aclaran fuentes de la Delegación.
No obstante, la inversión más importante para este año en la Justicia para la provincia de Sevilla es la que irá destinada a la Ciudad de la Justicia en la capital, en Palmas Altas, con un presupuesto solo para 2023 de 1,8 millones de euros. Este ejercicio habrá ya traslado de los primeros juzgados (trece de lo Contencioso y cuatro de lo Mercantil), «un año antes de lo previsto».
La previsión es que «en el primer semestre» de 2024 se muden los 25 Juzgados de Primera Instancia, cuyas obras de adecuación se licitarán próximamente. Tras «más de una década de vaivenes para su ubicación», en la anterior legislatura se apostó por Palmas Altas y, en diciembre de 2021, se formalizó la compra por 70,6 millones, del complejo de siete bloques y dos parcelas anexas que acogerán otro edificio judicial más y aparcamientos. La inversión total prevista ronda los 200 millones.