El 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, España y Portugal se quedaron a oscuras. Doce meses después, la investigación sigue abierta, los afectados aguardan compensaciones que no llegan y los responsables del mayor colapso eléctrico europeo en dos décadas aún no han sido identificados
Hoy se cumple un año del mayor apagón eléctrico de la historia moderna de España. El 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, el sistema eléctrico español sufrió un síncope que no fue solo técnico, sino institucional. Lo que comenzó como una cascada de sobretensión en el sur de España terminó por desconectar a cincuenta millones de personas de la red básica de suministros. El apagón afectó a toda la Península Ibérica: la España peninsular, el Portugal continental, Andorra y parte del sur de Francia.
El suceso, calificado como el incidente más grave en el sistema eléctrico europeo en los últimos veinte años, ha revelado la fragilidad del que hasta entonces era considerado uno de los sistemas eléctricos más seguros y fiables del mundo. Un año después, el balance es desalentador en casi todos los frentes: la investigación avanza con lentitud, las indemnizaciones no han llegado, y la factura eléctrica ha subido para costear la seguridad que antes se daba por garantizada.
Lo que se sabe: un fallo multifactorial que nadie reivindica
El 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, lo que comenzó como una cascada de sobretensión en el sur de España terminó por desconectar a cincuenta millones de personas. Los informes indican que se perdieron 15 GW, el 60% de la producción, en cuestión de segundos, y que los sistemas de protección no pudieron detener la cascada.
El Ministerio para la Transición Ecológica se apresuró a publicar su informe en menos de dos meses desde el incidente, pero se quedó en que el apagón fue fruto de un problema «multifactorial» que implicó episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales.
El informe más esperado llegó el 20 de marzo de 2026. El panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) concluyó que no existían indicios de intrusión o manipulación maliciosa en los sistemas eléctricos o de control, descartando la hipótesis del ciberataque. Esta conclusión coincidió con las evaluaciones de organismos nacionales como el Centro Criptológico Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que tampoco detectaron evidencias de sabotaje digital. La Audiencia Nacional, que había abierto diligencias penales por posible sabotaje, archivó finalmente la causa al no encontrar «un mínimo indicio» que lo sustentara.
Sin embargo, descartar el sabotaje no equivale a absolver al sistema. El informe de ENTSO-E no califica el apagón como un fenómeno imprevisible o inevitable, sino como un evento derivado de fallos identificables en la regulación, supervisión y operación del sistema. El propio panel subraya que muchas de las medidas correctoras recomendadas —automatización del control de tensión, mejora de la monitorización, adaptación normativa— ya eran técnicamente viables antes del apagón.
Los expedientes sancionadores: muchos investigados, ningún condenado
La CNMC tardó casi un año en emitir su informe de recomendaciones, que resultó ser básicamente un documento consultivo, no sancionador ni de atribución de culpas. Lo que sí hizo el regulador en vísperas del aniversario fue abrir una batería de procedimientos: unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción a Red Eléctrica de España, de carácter muy grave, y a varias compañías eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, entre otras—, de carácter grave. No obstante, todo ello ha servido más para repartir culpas que para despejarlas, en una batalla que deberá dilucidarse previsiblemente ante los tribunales.
Los plazos son disuasorios para los afectados: estos expedientes son independientes y aún están en tramitación, en un proceso que podría durar entre nueve y dieciocho meses. Y hay una paradoja legal de fondo: aunque finalmente se demuestre que las empresas expedientadas incumplieron sus obligaciones, no se les podrá responsabilizar del cero eléctrico.
En el Congreso, las comparecencias parlamentarias han añadido más acusaciones cruzadas que claridad. Directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy afirmaron ante la comisión de investigación que Red Eléctrica habría operado el sistema «al límite de seguridad» el día del apagón, y señalaron la existencia de indicios previos de inestabilidad que, a su juicio, no habrían sido gestionados adecuadamente. Por su parte, la comisión de investigación del Senado concluyó que, además del Gobierno y Red Eléctrica, la CNMC tiene parte de culpa por «omisión regulatoria».
Sin indemnizaciones: ciudadanos y empresas abandonados a su suerte
El capítulo más doloroso para los cincuenta millones de afectados es el de las compensaciones. Un año después, muchos consumidores siguen sin compensaciones claras ni explicaciones concluyentes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que muchos usuarios continúan sin recibir explicaciones detalladas y que las compensaciones no han llegado de forma generalizada a los hogares que padecieron cortes y daños derivados de la falta de suministro.
El sector empresarial es aún más contundente. Foment del Treball, Pimec, la Cambra de Comerç de Barcelona y la Unió Patronal Metal·lúrgica lamentan que ni las empresas ni los ciudadanos han sido tenidos en cuenta, que las indemnizaciones, si llegan, son lentas y escasas, y que la situación de la red no ha mejorado para poder impedir que se repita un accidente similar.
Las aseguradoras, por su parte, han marcado límites precisos a lo que están dispuestas a abonar. Las empresas que reclaman a sus aseguradoras constatan que estas «intentan pagar lo mínimo posible»: se hacen cargo de las pérdidas directas acreditadas con facturas, pero no del lucro cesante. Un horno que perdió todo lo que tenía en los congeladores puede recibir compensación, pero lo que ha dejado de vender por no tener el producto, o los costes laborales de diez días parado, no.
La vía judicial queda abierta pero es lenta y compleja. El artículo 106.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Sin embargo, dado que el informe europeo descarta expresamente que el apagón fuera inevitable, existen argumentos sólidos para sostener la viabilidad jurídica de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que se acrediten de forma individualizada los perjuicios sufridos. Quienes opten por esta vía deberán armarse de paciencia: los procedimientos administrativos y los recursos ante los tribunales pueden prolongarse durante años.
El coste silencioso: la factura eléctrica, un año más cara
Mientras las compensaciones no llegan, sí ha llegado una consecuencia económica que afecta a todos: el encarecimiento de la electricidad. Red Eléctrica calcula que el sobrecoste por operar en «modo reforzado» ascendió a 666 millones de euros desde mayo de 2025 a marzo de 2026, lo que equivale a unos cuatro céntimos diarios por consumidor con tarifa PVPC y consumo medio, es decir, alrededor de 15 euros más durante todo el año. Las cifras del sector privado son más duras: según la comparadora Selectra, la factura de la luz ha aumentado un 10% en los últimos once meses respecto al mismo periodo anterior al apagón.
Un análisis de la plataforma Hello Watt pone cifras a una parte poco conocida del recibo: en marzo de 2026, los servicios de ajuste del sistema alcanzaron un máximo histórico y llegaron a suponer el 28% del término de energía del PVPC, de modo que más de uno de cada cuatro euros de ese componente no pagaba estrictamente electricidad, sino costes asociados a mantener la red estable tras el apagón.
El balance humano: entre cinco y ocho muertos
Detrás de los megavatios y los expedientes administrativos hay vidas. Las muertes contabilizadas —ancianos que dependían de asistencia mecánica en sus hogares y víctimas de accidentes viales provocados por la caída súbita de la infraestructura urbana— son el testimonio más trágico de esta negligencia. Que un año después ninguna cabeza política haya rodado por estas pérdidas constituye una anomalía en cualquier democracia liberal madura.
Un aniversario sin cierre
«Al no tener una información nítida sobre las responsabilidades de lo sucedido, seguimos sin ser compensados», denuncian los afectados. La OCU reclama claridad sobre qué ocurrió y, sobre todo, mecanismos eficaces para reparar daños sin convertir cada caso en una batalla individual.
Hoy, 28 de abril de 2026, primer aniversario del gran apagón, España amanece con los expedientes sancionadores abiertos pero sin resolver, con los afectados pendientes de compensaciones que la burocracia dilata, con la factura eléctrica más cara que hace un año y con una pregunta que sigue sin respuesta definitiva: ¿quién es el responsable de que cincuenta millones de personas se quedaran a oscuras en pleno día?
Fuentes: ENTSO-E, CNMC, Ministerio para la Transición Ecológica, OCU, comisión de investigación del Congreso y del Senado, organizaciones empresariales Foment del Treball, Pimec y UPM.
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