La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una organización presuntamente dedicada a obtener de forma fraudulenta autorizaciones de residencia mediante matrimonios y parejas de hecho ficticias. La llamada operación Boni se ha saldado, hasta el momento, con 24 personas detenidas. Según la información difundida este jueves 17 de septiembre, la trama cobraba cantidades de entre 7.000 y 10.000 euros a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, para tramitar su regularización mediante documentación falsa.

La investigación comenzó después de que los agentes localizaran abundante documentación que hizo sospechar de posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular y la falsedad documental. Desde el inicio de las pesquisas, la Policía situó en el centro de la investigación a un abogado con despacho en Sevilla y a una mujer a la que los investigadores atribuyen funciones de captación, coordinación y control de la organización.

Contratos de alquiler, facturas y reservas para simular una convivencia

La documentación intervenida habría sido utilizada para construir una apariencia de relaciones personales y de convivencia que, según los investigadores, no existían. Entre los documentos analizados figuran contratos de arrendamiento, facturas y reservas hoteleras que posteriormente se incorporaban a expedientes administrativos relacionados con la obtención de tarjetas de residencia.

Uno de los elementos que reforzó las sospechas fueron los informes periciales caligráficos. De acuerdo con la información policial difundida por Europa Press y otros medios, esos análisis apuntan a que una parte importante de la documentación habría sido confeccionada por una misma persona, lo que indicaría una producción sistemática y centralizada de documentos.

La Policía sostiene además que en algunos expedientes se intentaba acreditar una convivencia entre personas que ni siquiera se conocían. El objetivo habría sido presentar ante la Administración un vínculo matrimonial o de pareja suficiente para conseguir una autorización de residencia.

Por qué un matrimonio o una pareja puede dar acceso a una residencia

El caso se entiende mejor dentro del actual régimen de extranjería. El Real Decreto 1155/2024, que regula el Reglamento de Extranjería, contempla una autorización de residencia temporal para determinados familiares de personas con nacionalidad española. Entre ellos se encuentran el cónyuge, la pareja registrada y, bajo determinadas condiciones, la pareja estable debidamente acreditada.

La normativa exige expresamente que el matrimonio o la inscripción de la pareja no se hayan celebrado en fraude de ley. En el caso de una pareja estable no registrada, la Administración puede exigir que se demuestre una convivencia análoga a la conyugal de al menos doce meses, salvo determinados supuestos como la existencia de descendencia común. Esta autorización puede tener una vigencia de hasta cinco años y habilita, mientras se mantengan los requisitos legales, para residir y trabajar en España.

Precisamente por eso, la simulación de vínculos afectivos y la fabricación de documentos destinados a aparentar una relación real pueden convertirse en una vía de fraude administrativo y, cuando concurren los elementos previstos en la legislación penal, dar lugar también a investigaciones por falsedad documental u otros delitos.

24 detenidos hasta el momento

La operación policial ha permitido detener hasta ahora a 24 personas. La información facilitada no identifica públicamente a los detenidos ni concreta todavía la situación procesal individual de cada uno de ellos, por lo que debe mantenerse la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

Fuentes consultadas: información difundida por la Policía Nacional sobre la operación Boni, Europa Press y Cadena SER. Para contextualizar el régimen jurídico de las autorizaciones de residencia se ha consultado la información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Más información oficial sobre la autorización de residencia de familiares de españoles.

Una plantación clandestina de marihuana instalada en el interior de una nave de Arahal ha sido desmantelada tras localizarse en sus dependencias unas 300 plantas de cannabis.

La actuación ha permitido poner fin a un cultivo de interior oculto en este inmueble del municipio arahalense. A esta hora no han trascendido de forma confirmada más detalles sobre posibles detenciones o personas investigadas, el peso final de la sustancia intervenida ni otros efectos incautados durante el operativo.

Marchena Secreta ampliará esta información en cuanto se conozcan datos oficiales adicionales sobre el desarrollo de la intervención y sus resultados.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntas responsables del robo de 50.000 euros cometido recientemente en Morón de la Frontera. La investigación se inició después de que una empresaria de la localidad denunciara la sustracción del dinero cuando se dirigía en su vehículo a una sucursal bancaria para realizar el ingreso.

Según ha informado este 10 de septiembre la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, las pesquisas fueron desarrolladas inicialmente por agentes de la Comisaría Local de Morón de la Frontera. La investigación permitió relacionar a los sospechosos con dos vehículos pertenecientes a una empresa de alquiler de Alicante, uno de los cuales habría sido contratado utilizando una identidad falsa.

De Morón a Alicante en dos coches de alquiler

La información obtenida en Morón fue trasladada a los agentes de la Comisaría Provincial de Alicante, que establecieron un dispositivo para localizar los vehículos y a sus ocupantes. Uno de los coches fue encontrado en la zona centro de Alicante, con el motor en funcionamiento y sin nadie en su interior.

Aproximadamente una hora después, los agentes observaron a dos mujeres dentro del vehículo y procedieron a identificarlas. Al mismo tiempo localizaron un segundo coche de alquiler ocupado por dos hombres cuyas características, según la Policía Nacional, coincidían con las de personas investigadas por el robo de Morón.

Intento de huida durante la identificación

Cuando los policías se aproximaron al segundo vehículo para identificar a sus ocupantes, el conductor emprendió una huida a gran velocidad. Los agentes consiguieron interceptar el coche y realizaron las diligencias de identificación de las cuatro personas, que fueron trasladadas posteriormente a dependencias policiales.

Durante la actuación se localizaron entre sus pertenencias diversas cantidades de dinero en efectivo fraccionadas de una forma coincidente con la descrita en la denuncia presentada por la víctima. Los agentes también hallaron un pasaporte de Guatemala y un permiso de conducir presuntamente falsificados, además de varias tarjetas bancarias vinculadas a la identidad utilizada para alquilar los vehículos.

La operación, denominada Levante-Latino, concluyó con la detención de los cuatro investigados como presuntos responsables de los hechos. La Policía Nacional no ha facilitado en su nota de prensa la identidad de los detenidos ni ha precisado qué cantidad del dinero sustraído ha podido ser recuperada.

Fuente: Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental. Nota de prensa de la Policía Nacional, 10 de septiembre de 2026.

Las Hermanas Franciscanas Clarisas Descalzas del Convento de la Purísima Concepción de Marchena han denunciado ante la Policía Local el presunto impago de una factura de alrededor de 800 euros correspondiente al alojamiento y manutención de dos jóvenes que dijeron ser de Dos Hermanas y trabajar para una empresa, en la Hospedería de Santa María.

La denuncia ha sido presentada durante la mañana de hoy jueves 10 de septiembre por una representante de la comunidad religiosa. Según el relato entregado a los agentes, los dos huéspedes entraron el miércoles 2 de septiembre y tenían previsto permanecer alojados hasta el miércoles 9. La estancia incluía habitación, almuerzo y cena. Posteriormente ha sido imposible contactar con ellos telefónicamente. 

Para identificarse, dejaron en la hospedería un DNI original, del que la responsable tomó los datos necesarios. La comunidad conserva así la información que posteriormente fue facilitada a la Policía Local.

Dejaron de aparecer el lunes 7

Los jóvenes habrían indicado que la factura sería abonada por una empresa  y facilitaron el contacto de una persona que, supuestamente, acudiría a Marchena el lunes 7 de septiembre para efectuar el pago.

Ese día, sin embargo, el responsable no se presentó. Los huéspedes también dejaron de aparecer y no acudieron a la comida que habían encargado previamente. No se trataba únicamente de dos menús: según explica la comunidad, habían solicitado comida para cuatro personas y habían pedido que se preparase otra habitación para dos acompañantes que permanecerían en Marchena entre los días 7 y 9.

Las religiosas realizaron las compras, cocinaron para cuatro comensales y acondicionaron una segunda habitación. Nadie se presentó. Tras la desaparición de los dos alojados antes de la fecha de salida prevista, la comunidad intentó ponerse en contacto con ellos y con la persona que supuestamente debía pagar, pero las llamadas dejaron de ser atendidas.

Las religiosas creen que existió voluntad de engaño

La comunidad considera que lo ocurrido a su juicio, y por las promesas de abonar la estancia, el encargo de servicios adicionales, la marcha antes del 9 de septiembre y la falta de respuesta posterior apuntan a una posible voluntad de engaño.

Esta es la versión comunicada por las religiosas y recogida en su denuncia. Corresponderá ahora a las autoridades comprobar las reservas, las llamadas, la factura, el DNI aportado y las circunstancias en las que los huéspedes abandonaron la hospedería.

Un perjuicio grave para una comunidad con pocos ingresos

La Hospedería de Santa María no es una gran empresa hotelera. Está atendida por una pequeña comunidad religiosa que necesita los ingresos del alojamiento para afrontar su vida cotidiana, pagar los suministros y conservar las dependencias del convento.

La otra vía de sostenimiento de las religiosas es principalmente la elaboración y venta de dulces. Durante el verano las ventas disminuyen, por lo que el dinero procedente de la hospedería resulta todavía más necesario. Una factura de unos 800 euros más IVA, que ronda los mil euros, sin cobrar, representa un golpe importante para la economía del convento.

La pérdida comprende una semana de alojamiento, las comidas servidas, el trabajo de limpieza y atención y los alimentos preparados para cuatro personas que finalmente no acudieron. A ello se suma la segunda habitación acondicionada y reservada para unos acompañantes que tampoco llegaron.

Las religiosas sienten que se pudo aprovechar su confianza y su disposición a acoger a quienes llaman a su puerta. Para una comunidad con recursos muy limitados, esta cantidad afecta directamente a su capacidad para cubrir los gastos más básicos.

Una hospedería singular del recinto monumental

La Hospedería de Santa María figura  se encuentra en el Palacio Ducal, dentro del conjunto histórico y amurallado de Marchena, y forma parte del Convento de la Purísima Concepción.

Quienes se alojan allí no encuentran un establecimiento convencional, sino un espacio atendido por una comunidad religiosa. Los ingresos obtenidos contribuyen directamente al sostenimiento de las clarisas y a la conservación de uno de los enclaves históricos más singulares de Marchena.

Un hombre de 58 años ha fallecido mientras trabajaba en una finca ubicada en la A-462, elevando a 26 las víctimas mortales en accidentes laborales en lo que va de 2022. Carmen Tirado, del Área de Salud Laboral de CCOO de Sevilla: “A tan solo cuatro días para cerrar un año especialmente malo en cuestión de siniestralidad laboral, nos encontramos con una nueva tragedia familiar que, como tantas otras, pudo haberse evitado. Es urgente que las empresas cumplan con su deber, que no es otro que formar y proteger a las personas que trabajan para ellas, y que las administraciones velen por el cumplimiento de la normativa para garantizar la seguridad y la salud en los puestos de trabajo”.

CCOO ha exigido la vigilancia exhaustiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras la muerte de un trabajador al caer desde una zanja en Carmona.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, un hombre de 58 años ha fallecido al caer en una zanja y quedar atrapado bajo un desprendimiento de tierra en una finca ubicada en la A-462, en término municipal carmonense.

Este fallecimiento eleva a 26 las víctimas mortales en accidentes laborales en lo que va de 2022, y es la segunda en el mes de diciembre tras la muerte por vuelque de carretilla en El Viso del Alcor en los primeros días.

Carmen Tirado, del Área de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, ha señalado que “a tan solo cuatro días para cerrar un año especialmente malo en cuestión de siniestralidad laboral, y en unas fechas tan señaladas, nos encontramos con una nueva tragedia familiar que, como tantas otras, pudo haberse evitado”.

“Porque es urgente que las empresas cumplan con su deber, que no es otro que formar y proteger a las personas que trabajan para ellas. Pero también las administraciones deben velar por el cumplimiento de la normativa para garantizar la seguridad y la salud en los puestos de trabajo”.

El Sindicato se personará como acusación popular para exigir que se esclarezcan las causas en las que se produjo el fatal accidente y que se depuren las responsabilidades oportunas.

La Policía Nacional en Écija ha detenido a un total de trece personas e investigado a otras cinco como presuntos autores de los delitos de contrabando de tabaco, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos conformaban una organización dedicada a la recepción, picado, embalaje y envío de tabaco a toda España.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un grupo de personas afincadas en Écija dedicadas al contrabando de tabaco y su posterior distribución a terceras personas en todo el territorio nacional.

100 kilos de picadura de tabaco preparados para su envío

La investigación se ha desarrollado en varias fases, iniciándose la primera el pasado mes de septiembre cuando se localizó un piso en cuyo interior se hallaron unos 100 kg de picadura de tabaco a la espera de ser empaquetados para su posterior distribución. Por estos hechos se procedió a la detención de seis personas y a investigar a otras cuatro.

En una segunda fase se localizó en la localidad de La Carlota (Córdoba) un chalé en las afueras del municipio que utilizaba la organización para triturar las hojas de tabaco y su posterior empaquetado y envío a otras localidades. En el registro efectuado se localizaron en su interior 778 kg de picadura de tabaco, dos máquinas de picar y material de embalaje. Además en otras dos habitaciones se encontraron dos plantaciones “indoor” de marihuana, interviniéndose 36 kilos de dicha sustancia además de los diferentes útiles para su cultivo. En esta ocasión se detuvo a otras seis personas, decretándose el ingreso en prisión del principal responsable.

En la tercera fase, una vez analizada toda la información obtenida durante la investigación, se logró determinar el sistema de distribución y conseguir así su erradicación. Utilizaban empresas de mensajería y transporte usando distintas web comerciales creadas por miembros del entramado criminal para así enmascarar las facturas de los envíos. Una vez determinado el centro de distribución se procedió a la entrada y registro, obteniéndose gran cantidad de documentación relevante, 2291 kg de picadura y arrestando a una persona.