El matrimonio y su hijo de 18 años ya han abandonado su antigua casa. Llevan siete años buscando un alquiler accesible y aseguran que solo necesitan una vivienda que puedan pagar y en la que puedan entrar sus sillas de ruedas.
Lo que hace una semana comenzó como una protesta para evitar quedarse sin techo es ya una realidad. La familia de Marchena que instaló una tienda de campaña en la calle San Pedro el pasado 20 de octubre ha tenido que abandonar definitivamente la vivienda en la que residía. Ocho días después del inicio de aquella protesta, continúa sin una alternativa habitacional estable.
Su situación, de la que informó Marchena Secreta el mismo día en que comenzó la acampada, ha trascendido el ámbito local y ha llegado a la prensa nacional. El diario El Mundo publica este miércoles, 28 de octubre, un amplio reportaje de la periodista Silvia Moreno que reconstruye los últimos años de búsqueda de vivienda y las gestiones realizadas por la familia ante distintas administraciones.
El problema tiene nombres propios: Dolores Díaz, su marido Juan Carlos Luque y su hijo Yerai, de 18 años. Tanto la madre como el joven utilizan silla de ruedas, por lo que no pueden instalarse en cualquier inmueble disponible. Necesitan una planta baja o una vivienda accesible, con espacio suficiente para desenvolverse y atender las necesidades cotidianas del joven.
La familia insiste en una distinción fundamental: no solicita una vivienda gratuita ni ayuda económica para mantenerse, sino encontrar un alquiler que pueda pagar con sus propios ingresos.
De la protesta al desalojo: ocho días en la calle San Pedro
Cuando Marchena Secreta recogió su testimonio el pasado 20 de octubre, todavía conservaban las llaves de su vivienda y tenían fijada su salida para el lunes 26. Aquella tienda de campaña era entonces una llamada de atención antes de que se agotara el plazo.
Ahora la situación ha cambiado. Las llaves han sido entregadas y la protesta se ha convertido también en el lugar donde el padre pasa las noches. Según la información publicada por El Mundo, vecinos de un edificio próximo han permitido que la madre y el hijo puedan resguardarse y dormir en el rellano.
La solidaridad de los vecinos ha sido una constante durante estos días. Personas particulares y comercios de la zona han ofrecido alimentos y otras formas de colaboración. La familia agradece esos gestos, aunque recuerda que sus necesidades inmediatas van mucho más allá de disponer de comida o abrigo.
Necesitan una casa.
Siete años buscando una vivienda y desde 2019 en el registro de demandantes
La historia no comenzó hace una semana. Según ha explicado la familia, el problema de vivienda se remonta a aproximadamente siete años, tras el fallecimiento de la madre de Dolores, propietaria del inmueble familiar.
Las discrepancias entre los herederos desembocaron en un procedimiento judicial y posteriormente en un acuerdo para abandonar la vivienda. Según el relato ofrecido a El Mundo, Dolores aceptó recibir 17.000 euros correspondientes a su participación en la herencia. La familia confiaba en que los seis meses disponibles serían suficientes para encontrar otro domicilio, pero ese alquiler nunca apareció.
Desde 2019 figura inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda, según asegura, sin que hasta ahora haya recibido una propuesta que resuelva sus necesidades.
A la falta de inmuebles accesibles se añade una dificultad económica. Aunque la unidad familiar dispone de distintos ingresos procedentes de prestaciones y pensiones, considera que podría asumir un alquiler de unos 400 euros mensuales. También ha explorado la posibilidad de adquirir una vivienda, pero afirma que no ha logrado obtener financiación hipotecaria.
La discapacidad convierte la búsqueda de alquiler en una carrera de obstáculos
El caso muestra una dificultad que va más allá de encontrar una vivienda a precio asequible: encontrar una que pueda ser utilizada por personas con movilidad reducida.
Yerai tiene 18 años y, según ha explicado su familia, presenta importantes limitaciones de movilidad derivadas de una hidrocefalia. Su madre también necesita silla de ruedas tras sufrir una caída años atrás.
Una vivienda con escalones en la entrada, puertas demasiado estrechas o espacios interiores inaccesibles no resulta una alternativa real para ellos.
El matrimonio asegura estar dispuesto incluso a realizar adaptaciones progresivas, siempre que encuentre un propietario dispuesto a alquilarles una vivienda adecuada y que las obras necesarias sean viables y autorizadas.
Peticiones al Ayuntamiento, la Junta y el Defensor del Pueblo Andaluz
La familia afirma haber trasladado su situación al Ayuntamiento de Marchena, a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz.
En su reclamación solicita que se tengan en cuenta sus circunstancias de vulnerabilidad y sus necesidades específicas de accesibilidad. También pide una respuesta concreta sobre su inscripción en el registro público de vivienda, que se remonta a 2019.
La inscripción en dicho registro no garantiza automáticamente la adjudicación de una vivienda. Sin embargo, la normativa contempla procedimientos y criterios específicos para atender determinadas situaciones de vulnerabilidad y necesidades de accesibilidad.
Por el momento, la familia asegura que ninguna de las gestiones realizadas se ha traducido en una alternativa donde poder instalarse.
Una semana después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién puede ofrecerles una vivienda?
El caso ha alcanzado una repercusión que supera las calles de Marchena, pero esa visibilidad todavía no se ha convertido en una solución.
La familia no pide una ayuda económica puntual que resuelva unos días de alojamiento. Busca estabilidad, autonomía y un inmueble accesible en el que pueda volver a desarrollar su vida cotidiana.
Mientras esa posibilidad no aparezca, la tienda de campaña de la calle San Pedro continúa representando una situación que se ha prolongado durante ocho días.
Y deja una pregunta que sigue pendiente de respuesta: cómo puede una familia que asegura disponer de ingresos para pagar un alquiler acabar viviendo en la calle porque no encuentra una vivienda que pueda utilizar.
Fuentes: entrevista original de Marchena Secreta del 20 de octubre de 2026; información de Silvia Moreno publicada en El Mundo el 28 de octubre de 2026; información pública de la Junta de Andalucía sobre los registros municipales de demandantes de vivienda protegida.
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