Momentos de gran tensión se vivieron este viernes a mediodía en el centro de salud de Marchena cuando un hombre que, según los testimonios, estaba bajo los efectos de las drogas, amenazó a profesionales sanitarios con un cuchillo, siendo finalmente reducido por la Guardia Civil y Policía Local, siendo el agresor finalmente ingresado en el Hospital de Osuna.

Los hechos comenzaron alrededor de las 13:40 horas, en la zona de Urgencias. Según las fuentes consultadas, el hombre amenazó al personal sanitario con un cuchillo, y luego con una jeringa y la aguja de un catéter que había tomado del propio centro para intimidar al personal.

Durante el episodio de violencia, el individuo, —toxicómano habitual- golpeó diferentes elementos del entorno, aunque no se registraron heridos ni daños materiales de consideración. En un momento determinado salió al exterior y parte del personal aprovechó para refugiarse y cerrar algunas dependencias, mientras otros profesionales y pacientes permanecieron fuera del centro por motivos de seguridad. Durante el altercado, que duró más de media hora, se vio interrumpido el normal servicio de la zona de urgencias por motivos de seguridad.

Finalmente intervinieron Policía Local y Guardia Civil, que consiguieron controlar la situación. Según los testimonios recogidos, los cuerpos de seguridad tardaron entre 30 y 40 minutos en llegar porque se encontraban atendiendo otros servicios. Una vez reducido y atendido sanitariamente, el hombre fue sacado en una silla de ruedas y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario La Merced de Osuna.

El episodio no es un hecho completamente aislado. Profesionales consultados por este medio vienen alertando de repetidos episodios de amenazas, comportamientos agresivos y situaciones conflictivas en el centro de salud, algunos relacionados, según estos testimonios, con personas que llegan bajo los efectos de drogas.

La preocupación por las agresiones a sanitarios no es nueva. El Área de Gestión Sanitaria de Osuna puso en marcha este mismo año formación específica con la Guardia Civil para prevenir y afrontar este tipo de situaciones, una iniciativa que debía extenderse, entre otros lugares, a los profesionales del centro de salud de Marchena.

El problema tiene además una dimensión andaluza. La Junta anunció en junio la preparación de una ley específica contra las agresiones a profesionales sanitarios, que incluirá amenazas, coacciones, insultos y agresiones físicas, ante el incremento de la preocupación por la seguridad en los centros asistenciales.

En este caso, pese a la gravedad de la situación y al temor generado entre trabajadores y usuarios, no consta que ninguna persona resultara lesionada. La información procede de testimonios directos recabados por este medio.

Los profesionales del centro de salud de Marchena reclaman más seguridad tras varios incidentes recientes

El episodio ocurrido este viernes ha vuelto a poner sobre la mesa una preocupación que, según fuentes consultadas por este medio, viene creciendo en las últimas semanas: la falta de seguridad ante la entrada de personas que protagonizan comportamientos amenazantes o potencialmente peligrosos dentro del centro de salud.

Fuentes sanitarias explican que no se trataría de un caso aislado y aseguran que durante el último mes se habrían producido al menos otros dos episodios de entrada de delincuentes habituales al centro de salud, durante las tardes y los fines de semana, momentos en los que el centro dispone de menos actividad y personal.

 Los profesionales describen además situaciones en las que determinadas personas entran y deambulan por las instalaciones, generando inquietud entre trabajadores y pacientes. 

Ante esta sucesión de episodios, parte del personal reclama la presencia de seguridad en el centro, especialmente durante los turnos de tarde, noches y fines de semana. “Necesitaríamos seguridad”, resume una de las personas consultadas, que asegura que ya se han producido varios altercados.

Lo que plantean es la necesidad de medidas preventivas permanentes que permitan actuar antes de que una situación de tensión termine convirtiéndose en una agresión, garantizando la seguridad tanto de los profesionales como de los pacientes que acuden al centro.

El Ayuntamiento de Arahal ha rechazado la propuesta de Izquierda Unida para aprobar una moratoria y elaborar un plan especial que regule la implantación de plantas de biogás y biometano en el municipio. La iniciativa contó únicamente con el apoyo de IU, mientras que el PP y el grupo no adscrito votaron en contra, por lo que el proyecto previsto en el paraje Casablanca continuará su tramitación administrativa.

La decisión contrasta con la posición adoptada en otros municipios sevillanos donde este tipo de instalaciones ha generado oposición institucional. Fuentes de Andalucía ha paralizado un proyecto y aprobado una moratoria; Estepa se ha mostrado contraria a dos iniciativas; Écija está modificando su planeamiento para limitar estas plantas cerca de los núcleos urbanos; y Morón de la Frontera ha anunciado que no aprobará el proyecto previsto en su término. También La Campana, Bollullos de la Mitación y Benacazón han adoptado medidas o pronunciamientos de rechazo o cautela.

Por tanto, no todos estos municipios han “parado” jurídicamente sus proyectos, ya que algunos expedientes siguen en tramitación, pero al menos siete localidades sevillanas han tomado medidas para restringir, frenar o cuestionar la implantación de plantas de biogás.

En Arahal, el alcalde, Francisco Brenes, sostiene que la normativa actual y los informes técnicos, ambientales y sectoriales son suficientes para valorar el proyecto sin necesidad de una moratoria previa. IU, por el contrario, reclama una regulación específica que establezca distancias, capacidades máximas y controles sobre olores, tráfico, consumo de agua e impacto paisajístico.

El debate se produce en plena expansión del biogás en Andalucía, impulsado como alternativa para aprovechar residuos agrícolas y ganaderos. La controversia ya no se centra únicamente en estar a favor o en contra de esta energía, sino en decidir qué tamaño deben tener las plantas, dónde pueden instalarse y qué impacto pueden asumir los municipios y sus vecinos.

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a 13 personas en la operación ‘Drink/Alambique’, que investiga un entramado de más de treinta sociedades. En La Puebla se registraron empresas vinculadas a la investigación y un domicilio particular. La causa está dirigida desde el Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera.

La Puebla de Cazalla aparece directamente vinculada a una de las mayores operaciones contra el fraude fiscal conocidas este verano en Andalucía. La Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización presuntamente dedicada a defraudar el IVA en la comercialización de bebidas alcohólicas y a introducir posteriormente parte de las ganancias en el circuito legal mediante operaciones de blanqueo de capitales.

La investigación, bautizada como ‘Drink/Alambique’, se ha saldado por el momento con 13 personas detenidas y otras cuatro investigadas. Hacienda calcula provisionalmente en 11,9 millones de euros las cuotas de IVA presuntamente defraudadas durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2018 y 2025. La cifra, advierten los investigadores, todavía podría aumentar a medida que se estudie la documentación intervenida.

Registros en La Puebla de Cazalla

La conexión con La Puebla no es meramente territorial. La fase operativa se desarrolló el pasado 14 de julio de 2026 y comprendió nueve entradas y registros en sociedades mercantiles situadas en La Puebla de Cazalla, Valencia, Badajoz y Córdoba, además del registro de un domicilio particular en La Puebla de Cazalla. La información oficial no precisa, al menos por ahora, cuántas de las nueve empresas registradas se encontraban concretamente en el municipio sevillano, por lo que no sería correcto atribuir a La Puebla la totalidad de esos registros.

La operación se desarrolló bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, plaza número 2, órgano judicial competente en la investigación. La existencia y actual denominación de este Tribunal de Instancia está igualmente recogida por el Ministerio de Justicia.

Una estructura de más de treinta sociedades

Detrás de las operaciones aparentemente ordinarias de importación y distribución de alcohol, los investigadores aseguran haber descubierto una arquitectura empresarial mucho más compleja. El entramado estaría compuesto por más de treinta sociedades, cada una con una función determinada, además de una estructura empresarial paralela que habría servido para canalizar fondos procedentes de la actividad presuntamente delictiva.

La dimensión del trabajo policial y tributario queda reflejada en otro dato: los investigadores analizaron movimientos relacionados con 173 cuentas bancarias. A partir de esa documentación detectaron importantes volúmenes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de otros países de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, destinados posteriormente a depósitos fiscales españoles.

El mecanismo investigado aprovechaba el régimen fiscal aplicable a este tipo de mercancías. Las bebidas eran introducidas mediante empresas que la investigación denomina “introductoras” y circulaban en determinadas fases bajo un régimen suspensivo de IVA e impuestos especiales. Después se sucedían transmisiones de la mercancía entre diferentes sociedades instrumentales dentro de los depósitos fiscales.

El supuesto fraude se produciría cuando intervenían sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes antes de que el producto llegase finalmente a las empresas distribuidoras. Al reducir artificialmente la carga fiscal, estas últimas podían colocar las bebidas en el mercado a precios notablemente inferiores a los de competidores que sí cumplían con sus obligaciones tributarias. La Agencia Tributaria considera que este procedimiento generaba también una situación de competencia desleal dentro del sector.

Para dificultar el seguimiento de las operaciones, la organización habría empleado además sociedades instrumentales, testaferros y facturas falsas, siempre según la investigación policial y tributaria. Conviene mantener esta precisión: los hechos se encuentran todavía dentro de un procedimiento judicial y las personas investigadas conservan su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

66.000 euros, relojes de lujo y bienes bloqueados

La actuación policial ha permitido bloquear 35 cuentas bancarias vinculadas a la investigación y solicitar judicialmente el embargo de once inmuebles. En domicilios relacionados con uno de los principales investigados fueron intervenidos además 66.000 euros en efectivo, junto con relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación.

Las pesquisas patrimoniales apuntan también a que parte de los beneficios obtenidos presuntamente mediante el fraude habría sido desviada hacia una sociedad patrimonial, utilizada para canalizar el dinero y mantener inmuebles relacionados con algunos de los principales investigados. Es precisamente esta parte del entramado la que fundamenta la investigación paralela por supuesto blanqueo de capitales.

La operación adquiere así especial relevancia para la Sierra Sur sevillana. No se trata únicamente de que La Puebla de Cazalla figure entre las localidades donde se practicaron registros: la investigación está siendo dirigida judicialmente desde Morón de la Frontera, situando una causa de alcance nacional —con conexiones empresariales en cuatro provincias y movimientos comerciales internacionales— dentro del ámbito judicial más próximo a la comarca.

La investigación continúa abierta, por lo que habrá que esperar a la evolución de las diligencias para conocer con mayor precisión el número de sociedades y personas de La Puebla de Cazalla afectadas, su función concreta dentro del entramado y el destino judicial de los detenidos. Por ahora, no he encontrado en las fuentes oficiales consultadas datos que permitan identificar públicamente a las empresas o a los detenidos de La Puebla, de modo que no sería responsable atribuir nombres o negocios concretos sin confirmación documental.

La Sala de Conferencias del Teatro Municipal Álvarez Quintero ha acogido la presentación del XXI Festival Flamenco de Osuna, en un acto que ha estado presidido por el delegado municipal de Cultura, Jesús Heredia, quien ha estado acompañado por el presidente de la Peña Flamenca La Siguiriya, Manuel Zamora.

Esta nueva edición del Festival Flamenco de Osuna se celebrará el sábado 29 de agosto, a las 22:00 horas en el Corral de la Casa de la Cultura y reunirá las voces de Pedro El Granaino, con la guitarra de Patrocinio Hijo y las palmas de Luis Dorado y Miguel Heredia; María Rey; Ángel Verdugo, acompañado por Juan Manuel Cadenas «El Chino» al toque y María José e Isabel León a las palmas y Montse Cortés acompañada por la guitarra de Eduardo Cortés.

Por su parte, podremos disfrutar también del baile de María Távora, quien estará acompañada por Manuel de la Niña y José Pechuguita al cante y David Caro al toque.

Jesús Heredia ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento para confeccionar el cartel del festival, destacando que “ponemos mucho trabajo, mimo y cariño en traer estos carteles cada año”. Asimismo, ha agradecido el apoyo de la Peña Flamenca La Siguiriya y la colaboración de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía, cuyas ayudas, según ha señalado, «nos hacen fortalecer un festival que está totalmente consolidado en la comarca y que va ganando día a día importancia».

El delegado ha puesto en valor el cartel de esta edición, asegurando que «está caracterizado por ese equilibrio y esa diferencia de voces y también de estilos», lo que permitirá ofrecer al público una propuesta variada.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el cantaor ursaonense Ángel Verdugo, de quien ha señalado que «su voz es una voz flamenca, una voz que gusta y es de Osuna», añadiendo que «el Ayuntamiento tiene que estar para que muestre su arte y su forma de entender el flamenco». En este sentido, también ha tenido palabras de apoyo y reconocimiento para el pianista local Javier Cecilia, “quien nos hará disfrutar el día antes con su espectáculo Sincerarte, en este mismo espacio”.

Para concluir, el delegado ha invitado a vecinos y visitantes a asistir al festival y disfrutar de «flamenco en vivo, flamenco en directo, donde vamos a disfrutar de grandes artistas y de una de las señas de identidad más importantes de Andalucía y de España», en el marco del Corral de la Casa de la Cultura, un espacio que ha definido como «incomparable».

Por su parte, el presidente de la Peña Flamenca La Siguiriya, Manuel Zamora, ha puesto en valor el cartel diseñado para esta XXI edición, afirmando que «una vez más, la Delegación Municipal de Cultura de este Ayuntamiento ha acertado» y destacando que será «un festival muy interesante y muy equilibrado», al reunir «buen nivel tanto de cante, de toque, de baile y, por qué no decirlo, de compás y palmas».

Las entradas, que tendrán un coste de 10€ anticipadas y 15€ en taquilla, se pueden adquirir en la Casa de la Cultura, en la Oficina de Turismo o a través del siguiente enlace: https://osunacultura.sacatuentrada.es/

La futura Residencia de Mayores de Osuna en la antigua ermita Santa Ana, está cada vez más cerca. La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar ha anunciado que en el pasado pleno se aprobaba la ampliación del terreno de la misma, con una parcela que se va a destinar a zonas verdes o de parking.

La Junta de Andalucía ha iniciado la renovación del firme de más de 20 kilómetros de la autovía A-92 en la provincia de Sevilla, una actuación valorada en tres millones de euros que se desarrollará principalmente durante los meses de agosto y septiembre.

La mayor parte de los trabajos se concentra en el tramo comprendido entre La Puebla de Cazalla y Osuna, mientras que también se actuará en sectores próximos a la comarca de Los Alcores.

Las obras forman parte del Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía y se están ejecutando fundamentalmente en horario nocturno para reducir las afecciones al tráfico y mejorar la seguridad de los trabajadores.

Los trabajos incluyen el fresado de unos ocho centímetros del pavimento deteriorado y su sustitución por dos nuevas capas de aglomerado. Durante las actuaciones se habilitarán desvíos temporales mediante transfers en tramos aproximados de tres kilómetros.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha destacado la importancia de continuar mejorando la A-92, a la que ha definido como el principal eje viario de Andalucía.

Según los datos facilitados por la Consejería, en los últimos años se ha renovado el firme de cerca de 90 kilómetros de la A-92, con una inversión aproximada de 36 millones de euros. En la provincia de Sevilla se han ejecutado actuaciones anteriores entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra, Arahal y Paradas, así como en otros sectores próximos a Morón y La Puebla de Cazalla.

El Plan Extraordinario de Asfaltado contempla una inversión global de 151,5 millones de euros en Andalucía para intervenir en alrededor de 1.000 kilómetros pertenecientes a 137 carreteras autonómicas. Para la provincia de Sevilla se reservan 24 millones de euros destinados a actuaciones en 43 carreteras.

En el conjunto de Andalucía está previsto actuar sobre 126 kilómetros de la A-92 repartidos entre las provincias de Sevilla, Málaga, Granada y Almería.

Las intervenciones incluyen además reparación de baches y blandones, reposición de pavimentos, mejora de capas inferiores del firme, repintado de señalización horizontal y renovación de elementos de seguridad y balizamiento.