«La cuestión es poder tener un techo donde podernos quedar». Carlos resume así la petición de su familia, que ha iniciado una protesta para reclamar una solución habitacional en Marchena. Según relata junto a Dolores Díaz, deben abandonar la vivienda familiar el lunes 26 de octubre a las 10:00 de la mañana y no han encontrado una alternativa que puedan pagar y que reúna las condiciones de accesibilidad que necesitan.
La familia asegura que está inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda desde 2019. Su petición inmediata es una vivienda en planta baja o con un acceso que puedan utilizar las personas con movilidad reducida de la unidad familiar. Están dispuestos, explican, a estudiar una casa que precise adaptaciones, aunque cualquier intervención tendría que responder a las necesidades reales de sus ocupantes y a las condiciones técnicas del inmueble.
«Una planta baja», insiste Carlos al concretar lo que buscan. En la entrevista plantean que podrían ir habilitando la vivienda y mencionan rampas como ejemplo de las soluciones que estarían dispuestos a valorar. Su prioridad es conseguir un alquiler, aunque también han explorado la compra.

La necesidad de una vivienda accesible
Carlos explica que su hijo, que ha cumplido 18 años, tiene reconocida una discapacidad del 77 % y movilidad reducida. Según su testimonio, padece hidrocefalia desde pequeño. La familia describe además otras limitaciones físicas que hacen especialmente difícil encontrar una vivienda adecuada.
En la conversación se relata el caso de una caída grave, una fractura de fémur que no ha consolidado y varias intervenciones que impiden caminar a una de las personas afectadas. También se mencionan una operación en el calcáneo y una reconstrucción del fémur.
Asimismo, uno de los testimonios explica que arrastra problemas de espalda desde 2020, después del confinamiento, cuando trabajaba para una empresa subcontratada. Señala que fue intervenido del canal vertebral, pero que continúa teniendo dificultades: los esfuerzos y los movimientos repetitivos le impiden desarrollar determinadas actividades.
Una salida vinculada a un acuerdo sobre la casa familiar
La vivienda que ocupan, según explican, pertenecía a los padres y está vinculada a varios hermanos. La salida de la casa responde, de acuerdo con su versión, a un acuerdo alcanzado en el procedimiento judicial por el que se comprometieron a abandonarla en un plazo de seis meses.
La familia sostiene que ese acuerdo contemplaba que recibieran la parte económica correspondiente a Dolores si dejaban la vivienda en el plazo pactado. Aseguran que aceptaron confiando en encontrar otro lugar donde vivir, pero que la búsqueda no ha dado resultado. «Esos seis meses estuvimos buscando, hemos seguido buscando», señalan.
Según su relato, contaron con asistencia letrada de oficio para el asunto de la vivienda, aunque ahora dicen no disponer de un abogado que esté gestionando una solución habitacional. Afirman que ya no han conseguido más aplazamientos y reiteran la fecha del 26 de octubre.

Durante la entrevista aclaran que todavía conservan las llaves y que siguen disponiendo de la vivienda hasta la fecha indicada. Su presencia en el lugar de protesta no significa que ya hayan sido desalojados: explican que han decidido anticiparse a una situación para la que no tienen alternativa.
Una protesta que quieren mantener hasta encontrar una solución
Carlos y Dolores cuentan que comenzaron la protesta por la mañana y que el día anterior avisaron a Asuntos Sociales de su intención. Dicen que quieren mantenerla de forma indefinida hasta encontrar una solución, ya sea mediante una respuesta institucional o porque aparezca una vivienda disponible.
La preocupación incluye también sus pertenencias: aseguran que no tienen dónde dejar el dormitorio ni los muebles de cocina. Presentan la protesta como un último recurso para hacer visible lo que temen que ocurra al tener que entregar la casa.
Gestiones con Servicios Sociales y petición de una reunión
La familia afirma que mantiene contacto con Servicios Sociales y que el día anterior a la entrevista habló con Manoli Gil, a quien identifica como la profesional que atiende su caso. También dice haber hablado una vez con Mercedes Abadía, aproximadamente un año atrás.
Según su versión, les han trasladado que ambas mantienen comunicación sobre las posibilidades de atender su situación. Sin embargo, aseguran que llevan casi un mes esperando una nueva cita con Mercedes Abadía. En la conversación aluden también a un contacto ocasional con la alcaldesa, sin concretar una reunión formal ni una respuesta sobre su expediente.
La explicación que dicen haber recibido es que no hay una vivienda adaptada disponible para ellos. Carlos añade que, según les han indicado, las viviendas existentes no podrían ofrecérseles sin adaptación por las condiciones que establece la Junta de Andalucía.
«Me das un techo, se adapta», expresa Carlos al explicar por qué no entiende que no pueda estudiarse alguna alternativa. Su petición es que se valore una vivienda en planta baja que pueda hacerse accesible.
Sin alquiler y con dificultades para obtener una hipoteca
Los entrevistados aseguran haber recorrido las inmobiliarias del pueblo y buscado por internet sin encontrar una vivienda adecuada. Han intentado tanto alquilar como comprar, pero describen obstáculos distintos en cada vía: en el alquiler, la falta de una oferta que responda a sus necesidades; en la compra, las dificultades para conseguir financiación.
Carlos sostiene que no les conceden una hipoteca porque ninguna de las prestaciones o ingresos individuales alcanza los 1.000 euros mensuales, aunque considera que la suma de los ingresos familiares permitiría afrontar una operación.
La economía familiar ha cambiado recientemente: según cuenta, su hijo comenzó a percibir hace unos dos meses la prestación que le corresponde tras alcanzar la mayoría de edad. Aunque la cuantía no es elevada, explica que sumada a la suya les permite plantearse ahora opciones que antes no podían afrontar.
Carlos añade que le faltan unos tres años para cumplir 55 y que espera que entonces pueda aumentar su prestación. En la entrevista menciona un posible porcentaje del 75 % y la expectativa de acercarse a los 1.000 euros. Mientras tanto, insisten en que su necesidad inmediata es un alquiler accesible.
Qué función tiene el registro de vivienda
La información oficial de la Junta de Andalucía explica que la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes es la vía para participar en la selección de vivienda protegida en venta, alquiler o alquiler con opción a compra. La solicitud recoge, entre otros aspectos, los ingresos, las circunstancias de especial protección y la necesidad de vivienda adaptada. La inscripción permite participar en los procedimientos correspondientes; no equivale por sí sola a la adjudicación de una vivienda.
La Junta señala además que la selección se rige por la ordenanza municipal y los criterios de cada procedimiento. Su información contempla excepciones para adjudicaciones de alquiler público a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando Servicios Sociales justifique la urgencia.
Para Carlos y Dolores, la petición sigue siendo concreta: encontrar un techo que puedan pagar y utilizar con las limitaciones de movilidad de su familia antes de la fecha en la que, según explican, deben dejar su casa.
Fuentes: entrevista facilitada a Marchena Secreta y documentación informativa oficial de la Junta de Andalucía sobre el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
Más información: Información oficial para demandantes de vivienda protegida y funcionamiento del registro y procedimientos de adjudicación.
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