Una calle del recinto histórico de Marchena conserva el apellido Pernía. Detrás de ese nombre aparece la figura de Luis de Pernía, veterano capitán de la frontera granadina, alcaide de Osuna y compañero de armas del joven Rodrigo Ponce de León. Los documentos y las crónicas lo sitúan entre Osuna, Marchena, Estepa, Archidona y Carmona, donde murió durante las luchas nobiliarias del siglo XV.

Su nombre reaparece al investigar el acta de toma de posesión de Osuna y del castillo de Cazalla por Alfonso Téllez-Girón, primer conde de Ureña. Luis de Pernía actuó como representante del nuevo señor. No era, por tanto, un soldado ocasional: era un hombre de confianza de la casa de Girón, con capacidad para mandar tropas, custodiar fortalezas y convertir una orden señorial en posesión efectiva.

El veterano que salió al encuentro del ejército granadino

El estudio de Marcelin Defourneaux sobre la batalla del Madroño, publicado en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, lo presenta como «el ya viejo alcaide de Osuna». En la primavera de 1462, una importante fuerza del reino nazarí penetró por las tierras de Estepa, Teba, Osuna y Écija, llevándose ganado y cautivos. Las cifras cambian según los cronistas medievales y no deben tomarse como un recuento exacto.

Pernía organizó la defensa y avisó a los núcleos vecinos. Rodrigo Ponce de León, que rondaba entonces los dieciocho años, salió de Marchena y se reunió con él cerca de Osuna. Durante el camino se agregaron combatientes hasta formar, según una de las crónicas, unos 260 jinetes y 600 peones. La fuerza cristiana seguía siendo inferior, pero consiguió presentar batalla cerca del río Yeguas, en el paraje llamado del Madroño o Madroñal.

Las versiones no coinciden en todos los movimientos ni en cuál de los dos jefes tomó la iniciativa. Alonso de Palencia convierte a Pernía en el alma de la resistencia; otros cronistas conceden mayor protagonismo al futuro marqués de Cádiz. Lo seguro es que ambos aparecen juntos y que Marchena aportó hombres a una respuesta militar organizada desde Osuna.

Una carta conservada en PARES

El episodio dejó una huella documental directa. PARES conserva una carta de Fernando de Narváez, alcaide de Antequera, dirigida a Enrique IV, relacionada con la reclamación de Rodrigo Ponce de León y Luis de Pernía sobre una parte del beneficio obtenido después de aquella campaña. La pieza resulta especialmente valiosa porque permite contrastar los relatos heroicos de las crónicas con las disputas políticas y económicas surgidas tras el combate.

De Osuna a la conquista de Archidona

La trayectoria de Pernía estuvo estrechamente ligada a Pedro Girón. La investigación sobre los primeros alcaides de Archidona señala que era alcaide de Osuna cuando Girón conquistó aquella plaza en 1462 y que desempeñó un papel fundamental en la operación. Otros documentos lo sitúan tomando posesión de Archidona en nombre del señor y participando en las redes militares que unían las fortalezas de Osuna, Morón y Arahal.

Su oficio de alcaide tenía una dimensión mucho mayor que la simple vigilancia de un castillo. Administraba una plaza, dirigía su guarnición, movilizaba recursos y respondía ante el señor al que servía. En una frontera inestable, era al mismo tiempo militar, agente político y representante territorial.

La muerte en las calles de Carmona

Una década después, Luis de Pernía volvió a aparecer junto al bando de los Ponce de León, pero ya no frente al reino nazarí. Las casas de Arcos y Medina Sidonia disputaban el control político de Sevilla y de distintas fortalezas del entorno. Durante el intento de tomar Carmona, Pernía murió el 26 de marzo de 1472, alcanzado por un disparo de espingarda efectuado, según la tradición cronística, por un joven barbero.

La escena refleja el cambio de escenario de la guerra medieval. El veterano acostumbrado al campo abierto cayó en un combate urbano, entre calles y posiciones fortificadas, donde un arma de fuego portátil podía terminar con la vida del caballero más experimentado.

¿La calle Pernía recuerda realmente a Luis?

Marchena Secreta ya había relacionado la calle Pernía con este capitán en un reportaje sobre la memoria histórica del callejero y volvió a citar el topónimo en el artículo dedicado a las batallas medievales presentes en los nombres de sus calles.

La asociación es histórica y verosímil: Pernía combatió con Rodrigo Ponce de León, movilizó tropas de Marchena y murió defendiendo los intereses del bando de los Ponce. Sin embargo, no se ha localizado todavía el acuerdo municipal, padrón o escritura que demuestre de manera definitiva que la calle recibió el nombre en su honor. Por ello debe presentarse como una hipótesis sólida pendiente de confirmación documental, no como una certeza cerrada.

Tampoco debe confundirse a este Luis de Pernía del siglo XV con Luis de Pernía y Girón, a quien se concedió el condado de Pernía en el siglo XVIII. Son personajes de épocas distintas.

Un hombre entre tres ciudades

Osuna conserva su memoria como alcaide y organizador de la frontera; Marchena, como aliado y compañero de armas de Rodrigo Ponce de León; y Carmona, como escenario de su muerte. El apellido grabado en el callejero marchenero puede ser así la última sombra urbana de un capitán que ayudó a articular el poder de los Girón y los Ponce en la Andalucía del siglo XV.

Fuentes: PARES–Portal de Archivos Españoles; Marcelin Defourneaux, «Un episodio de la frontera de Granada»; estudio «Los primeros alcaides de Archidona (1462-1513)»; trabajos sobre los conflictos entre Ponce de León y Guzmán publicados en Dialnet, Archivo Hispalense y repositorios universitarios. Las fechas y cifras controvertidas se han expresado con cautela, atendiendo a las diferencias entre las crónicas.

En la primavera de 1763, un grupo de vecinos encabezado por Diego Villalón consiguió que la Justicia interviniera en una disputa que afectaba al corazón del poder local de Marchena: la elección y reelección del alcalde, el alguacil mayor, los regidores y otros responsables municipales bajo la autoridad del duque de Arcos.

La resolución tuvo consecuencias inmediatas. Un representante de la Justicia de Écija debía desplazarse a Marchena, examinar los libros del concejo y poner provisionalmente determinados empleos públicos en manos de personas que no tuvieran impedimentos legales. El alcalde ordinario, Antonio José de Paz, fue requerido además para comparecer ante el tribunal en un plazo de diez días, bajo una pena de 200 ducados.

No era todavía una sentencia definitiva, sino una medida provisional mientras se estudiaban las denuncias. Sin embargo, resultaba suficientemente grave como para alterar el gobierno cotidiano de la villa y obligar a la casa ducal a reaccionar.

Una batalla por el control del Ayuntamiento

Antonio José de Paz había sido alcalde en 1762 y volvió a ocupar el puesto en 1763. La documentación menciona también al alguacil mayor José de Layas y Guzmán y a distintos regidores y oficiales del concejo. Diego Villalón y sus compañeros cuestionaron aquellas designaciones y solicitaron que sus titulares fueran apartados.

La villa formaba parte del señorío de los duques de Arcos, y la casa ducal defendía como un derecho antiguo la facultad de escoger o confirmar a los hombres que ocupaban los principales oficios locales.

Los abogados del duque alegaron que aquella potestad se ejercía desde tiempo inmemorial. Sostenían además que la repetición de determinados nombres no respondía a una irregularidad, sino a la dificultad de encontrar suficientes personas de la «primera clase y distinción» para renovar anualmente todos los puestos.

Villalón y sus aliados entendían lo contrario: que la costumbre no podía utilizarse para mantener indefinidamente a las mismas personas ni para impedir que los nombramientos fueran revisados. 

¿Por qué se peleaban por aquellos cargos?

Controlar el Ayuntamiento significaba intervenir en buena parte de la vida económica y social de Marchena. El concejo administraba impuestos, tierras, pastos, propiedades y recursos comunales; vigilaba las cuentas públicas y participaba en el mantenimiento del orden y en la justicia cotidiana.

Ser alcalde, alguacil o regidor proporcionaba autoridad, prestigio, información y capacidad para influir en decisiones que afectaban directamente a propietarios, arrendadores, comerciantes y trabajadores. La defensa de los responsables cuestionados llegó a presentar como prueba de su buena gestión la existencia de un importante sobrante en las cuentas municipales. La afirmación formaba parte de su argumentación y no debe confundirse con una auditoría independiente, pero permite comprender cuánto estaba en juego.

Quién era el Diego Villalón de 1763

El Diego Villalón que encabezó en 1763 el recurso contra la elección de cargos municipales pertenecía muy probablemente a la rama de los Villalón Bohórquez Aguayo procedente de Morón de la Frontera. Una Real Provisión de la Chancillería de Granada documenta en Marchena desde 1756 a un Diego Villalón Bohórquez y Aguayo.

La genealogía de la familia permite identificar como principal candidato a Diego Joaquín Villalón Aguayo, nacido hacia 1723 y antepasado de la rama Villalón Orbaneja-Viaña de la que procedería el cronista Diego María Villalón Villalón. Sin embargo, los resúmenes catalográficos del pleito de 1763 lo denominan únicamente Diego Villalón, por lo que la identificación definitiva requiere comprobar su nombre completo o filiación en los autos originales.

La familia Villalón de Morón a Marchena

Saga de propietarios y juristas, originaria en parte de Morón de la Frontera y asentada progresivamente en Marchena, que aparece repetidamente en los espacios donde se cruzaban propiedad, Derecho y poder municipal.

Los documentos revelan la prolongada presencia de una familia de origen moronense en la vida política y patrimonial de Marchena. Un Diego Villalón desafió en 1763 los nombramientos respaldados por el duque; Diego Villalón Viaña atravesó la ocupación francesa y se convirtió después en alcalde constitucional; y Diego María Villalón Villalón dejó en 1886 un manuscrito dedicado a conservar la memoria histórica de la villa.

Diego Villalón Viaña

Diego José Villalón Viaña, nacido en Morón de la Frontera en 1782 y falleció en Marchena en 1842.  Vivía en la calle del Estudio, poseía 16 hazas que sumaban alrededor de 300 fanegas y obtenía unas rentas anuales calculadas en 10.147 reales. En 1803 figuraba entre los vecinos reconocidos como hijosdalgo y pertenecía al reducido grupo de grandes propietarios y contribuyentes de la localidad.

Durante la ocupación francesa fue teniente de la primera compañía de la Guardia Cívica y, en febrero de 1811, se incorporó como regidor a la Junta Municipal constituida bajo el gobierno josefino.

Tras la salida de los franceses dio un giro político decisivo. En las primeras elecciones municipales celebradas al amparo de la Constitución de 1812 fue elegido alcalde primero de Marchena. Formó parte también de la Diputación de Policía.

Villalón Viaña volvió al primer plano durante el Trienio Liberal. Elegido para la alcaldía, tomó posesión como alcalde de primer voto el 1 de enero de 1822. En 1832 reapareció como regidor primero decano y diputado de Hacienda. 

Diego Villalón Villalón

La continuidad del apellido llega hasta Diego María Villalón Villalón, autor en 1886 de Apuntes que comprenden las noticias más importantes sobre el origen, vicisitudes y cosas más notables de la villa de Marchena.

Diego María Villalón Villalón fue un abogado, propietario, ganadero y estudioso de la historia de Marchena, nacido en Marchena en 1838 y fallecido en la misma localidad en 1893. Cursó estudios en Santiago de Compostela y después en Sevilla; en diciembre de 1860 obtuvo el grado de bachiller en Derecho Civil y Canónico y en junio de 1861 alcanzó la licenciatura. Vivió durante estos años en distintos domicilios marcheneros: calle San Juan, calle San Francisco y calle Carrera, para terminar instalándose en San Francisco número 11, junto a la capilla de San Lorenzo. 

Su padre, Antonio María Villalón Viaña, tuvo una carrera jurídica y llegó a ejercer como auditor de guerra de Marina; precisamente un destino paterno en Ferrol. 

Diego María pertenecía de manera directa a las ramas Villalón, Viaña, Orbaneja y Díez de la Cortina. Su arbol genealógico incorpora, entre otros, a Diego Villalón Aguayo, de Morón de la Frontera; Diego María Villalón y Orbaneja, de Marchena; Ignacia Viaña Sánchez de Sanz, del Puerto de Santa María; Diego Villalón Viaña; María Manuela Orbaneja; y María Josefa Díez de la Cortina y Layna.

La posible conexión con el niño muerto en 1714

El apellido abre otra línea de investigación. Una carta de la Inquisición de Sevilla informó de las pesquisas realizadas tras la aparición, el 26 de diciembre de 1714, del cuerpo de un niño llamado Diego Bohórquez junto al convento de San Francisco de Marchena. Era hijo de Juan Bohórquez Villalón, miembro de una familia hidalga originaria de Morón.

Las sospechas recayeron sobre varias personas acusadas de judaizar, algunas vinculadas al entorno administrativo del duque. Sin embargo, la existencia de una investigación y de acusaciones no demuestra que los señalados asesinaran al niño. El episodio debe interpretarse dentro de un clima de rivalidad local, rumores y fuerte antijudaísmo, cuando la muerte de un menor podía convertirse en un arma contra personas señaladas como conversas.

Fuentes consultadas

• PARES: Testimonio de varios autos sobre las elecciones de cargos públicos en Marchena, Archivo Histórico de la Nobleza, fondo Osuna.
• José Alcaide Villalobos, Marchena siglo XIX. Decadencia, guerra y revolución. Marchena 1800-1833, tomo I.
• José Alcaide Villalobos, Marchena siglo XIX. Absolutismo versus Constitucionalismo. Marchena 1800-1833, tomo II.
• Diego María Villalón Villalón, Apuntes que comprenden las noticias más importantes sobre el origen, vicisitudes y cosas más notables de la villa de Marchena, manuscrito de 1886, transcripción y estudio de Manuel Antonio Ramos Suárez.
• Antonio Domínguez Ortiz, referencia a la carta de la Inquisición de Sevilla sobre las pesquisas de 1714, AHN, Inquisición, legajo 3027.

Un documento conservado en el Archivo Histórico de la Nobleza abre una ventana poco habitual a la vida política de Marchena a mediados del siglo XVI. El 21 de noviembre de 1545 se mandó practicar una probanza para averiguar los caudales y haciendas de dos alcaldes y dos regidores de la villa. El expediente no permite afirmar que existiera corrupción ni ofrece, en su ficha descriptiva, el resultado de la pesquisa, pero sí demuestra que las fortunas de quienes ocupaban los principales cargos municipales fueron sometidas a investigación.

Los nombres han quedado fijados en el propio documento. La investigación fue encomendada a Diego Pérez, escribano y tesorero del II duque de Arcos, Luis Cristóbal Ponce de León. Debía averiguar y probar los bienes de los alcaldes Francisco Lebrón y Francisco García de Benjumea, y de los regidores Juan García de Benjumea y Antonio de Vega.

La pieza se conserva en PARES dentro del fondo del Ducado de Arcos, en el Archivo Histórico de la Nobleza, con la signatura OSUNA,C.170,D.73 y el código de referencia ES.45168.AHNOB/1.2.21.1.12//OSUNA,C.170,D.73. La descripción archivística la sitúa en Marchena el 21 de noviembre de 1545 y la clasifica entre los informes de administración del señorío. La ficha completa puede consultarse en PARES.

Una pregunta incómoda: cuánto tenían quienes gobernaban

Lo más revelador del documento está precisamente en su formulación. No habla de una obra, una compraventa o una ceremonia cortesana, sino de averiguar y probar los caudales y haciendas de cuatro responsables públicos. Es decir, la documentación nos lleva directamente a la relación entre poder municipal, patrimonio privado y control señorial.

Conviene no ir más lejos de lo que permite la fuente. PARES no explica en la descripción por qué se abrió la probanza, qué sospechas concretas pudieron motivarla, qué bienes fueron localizados ni si los investigados fueron finalmente acusados o exonerados. Por tanto, presentar el expediente como un caso demostrado de enriquecimiento ilícito sería añadir al documento algo que el documento, al menos en la información accesible, no dice.

Lo que sí podemos afirmar es que existió una investigación formal sobre el patrimonio de los dos alcaldes ordinarios y de dos regidores de Marchena. Y eso, por sí solo, resulta excepcionalmente expresivo para comprender cómo funcionaba el poder local hace casi cinco siglos.

Marchena, capital de un señorío

En 1545 Marchena no era un municipio gobernado con las reglas administrativas contemporáneas. Era el centro del estado señorial de los Ponce de León y estaba bajo la autoridad de Luis Cristóbal Ponce de León, II duque de Arcos. Apenas quince años antes, tras la muerte del I duque, otro documento conservado en PARES había dejado constancia de la toma de posesión, en nombre de Luis Cristóbal, de los oficios municipales y del castillo de Marchena. Esa documentación, fechada entre julio y agosto de 1530, muestra hasta qué punto el gobierno de la villa y el poder de la Casa de Arcos estaban entrelazados. Puede consultarse también en PARES.

Los estudios sobre el municipio señorial del siglo XVI ayudan a interpretar este marco. La historiografía ha mostrado que, en las villas del Estado de Arcos, el duque intervenía de forma directa en la organización política local y en la designación o sostenimiento de determinados cargos. En el caso de Marchena, la villa desempeñaba un papel central dentro de ese entramado administrativo. Una síntesis especialmente útil es el estudio sobre Municipio y señorío en el siglo XVI, que analiza la estructura de gobierno del Estado de Arcos y el peso de la autoridad ducal en los concejos.

La investigación de 1545 aparece así en un contexto donde los límites entre administración municipal, intereses señoriales y patrimonio de las élites locales eran mucho más estrechos de lo que serían siglos después. Diego Pérez no era un observador externo: era escribano y tesorero del propio duque. Esa circunstancia convierte la probanza en un documento especialmente interesante para estudiar cómo la Casa de Arcos vigilaba a quienes ejercían los principales oficios de Marchena.

Los Benjumea vuelven a aparecer en la documentación

Dos de los cuatro investigados pertenecían a la familia Benjumea: Francisco García de Benjumea, alcalde, y Juan García de Benjumea, regidor. El apellido aparece de manera reiterada en la documentación de la Marchena del siglo XVI vinculada a oficios, rentas y pleitos. Pero este expediente obliga de nuevo a la prudencia: compartir apellido no permite reconstruir parentescos concretos sin documentación genealógica adicional.

El valor periodístico del hallazgo está precisamente en esos nombres propios. El documento deja de hablar de un sistema abstracto y nos coloca ante cuatro hombres que gobernaban la villa y ante un quinto, Diego Pérez, encargado de examinar sus patrimonios. Es una escena administrativa, sí, pero también profundamente humana: poder, dinero, reputación y control.

Lo que sabemos y lo que todavía no sabemos

El documento está identificado por PARES como una unidad documental simple y consta como digitalizado. La ficha pública confirma la existencia de la probanza, sus protagonistas, su fecha y su finalidad general. Sin embargo, mientras no se disponga de una lectura paleográfica completa de todos los folios, no es responsable atribuirle cifras, propiedades concretas, declaraciones de testigos ni conclusiones que no estén expresamente verificadas.

Precisamente ahí queda abierta una línea de investigación especialmente atractiva para Marchena Secreta: conocer qué bienes declararon o se atribuyeron a aquellos alcaldes y regidores, quién testificó, qué motivó la pesquisa y cuál fue su desenlace. Si esos datos aparecen en las imágenes del expediente, permitirán reconstruir con mucha mayor precisión la economía y las redes de poder de la Marchena de 1545.

Fuente documental principal: Archivo Histórico de la Nobleza, Fondo Ducado de Osuna, Ducado de Arcos, Señorío de Marchena, OSUNA,C.170,D.73. “Testimonio de la probanza que se mandó hacer a Diego Pérez, escribano y tesorero del II duque de Arcos, Luis Cristóbal Ponce de León, para averiguar y probar los caudales y haciendas de los alcaldes de la villa de Marchena, Francisco Lebrón y Francisco García de Benjumea, y de los regidores Juan García de Benjumea y Antonio de Vega”. Marchena, 21 de noviembre de 1545.

Imagen destacada: vista de Marchena realizada por Joris Hoefnagel para el Civitates Orbis Terrarum, hacia 1590. Es posterior al documento y se utiliza exclusivamente como imagen histórica de contexto. Obra en dominio público, procedente de Wikimedia Commons.

El 4 de agosto de 1590, desde Roma, el capítulo y los canónigos de San Juan de Letrán dirigieron unas letras a Luis Pérez, presbítero y ermitaño de Nuestra Señora de Gracia, en el término de Marchena, concediéndole las gracias y privilegios de que gozaba la basílica romana para una capilla vinculada a aquella fundación.

La ficha archivística identifica expresamente a Luis Pérez como presbítero y eremita de Nuestra Señora de Gracia, en el término de Marchena y dentro de la diócesis de Sevilla.

Un ermitaño de Marchena y una conexión con Roma

La descripción de PARES señala que aquellas letras concedían a Luis Pérez para su capilla las gracias y privilegios de que gozaba San Juan de Letrán.

La antigua ermita de Nuestra Señora de Gracia

Luis Pérez fue un ermitaño que obtuvo permiso para levantar una ermita dedicada a Nuestra Señora de Gracia en un pequeño solar al final de la calle Santa Clara con la implicación de los duques de Arcos en la fundación mediante la cesión de terrenos para la capilla mayor.

En 1590, el ermitaño hizo donación de la capilla a la Casa Grande de San Agustín de Sevilla para que pudiera establecerse allí una comunidad. Los agustinos llegaron a Marchena poco después y permanecieron inicialmente en este enclave antes de trasladarse, ya en 1616, al lugar donde se levantaría el gran convento de San Agustín.

La actual Capilla de la Milagrosa es la antigua ermita de la Virgen de Gracia, después convento agustino y más tarde hospital regentado por las Hijas de la Caridad durante el siglo XIX y buena parte del XX.

Un lugar que cambió de función sin desaparecer

Primero fue ermita. Después acogió a los agustinos. Más tarde tuvo otros usos asistenciales y religiosos. El edificio acabó asociado a la Milagrosa y al antiguo hospital.

La documentación también ayuda a comprender cómo funcionaba Marchena en la segunda mitad del siglo XVI. La villa estaba bajo el señorío de los Ponce de León y vivía una intensa expansión religiosa, con conventos, fundaciones y obras pías vinculadas tanto a iniciativas particulares como al patronazgo de la Casa de Arcos. 

Fuente documental

Archivo Histórico de la Nobleza. Fondo Ducado de Arcos. PARES.
Signatura: OSUNA,C.135,D.55.
Documento relacionado: OSUNA,CP.69,D.1.
Fecha: 4 de agosto de 1590, Roma.
Título archivístico: “Letras del capítulo y canónigos de San Juan de Letrán, en Roma, a Luis Pérez, presbítero y eremita de Nuestra Señora de Gracia, término de Marchena…”

Más información:
Ficha del documento en PARES
Referencia del pergamino OSUNA,CP.69,D.1 en PARES
Diputación de Sevilla: patrimonio religioso de Marchena
Estudio histórico sobre Marchena en la Edad Moderna

Imagen destacada: Capilla de la Milagrosa de Marchena, archivo de Marchena Secreta.

En la Sevilla de finales del siglo XVI, el jesuita Pedro de León dejó escrita una observación que hoy resulta tan reveladora como inquietante. Al referirse a los hombres acusados de sodomía que frecuentaban la zona de la Huerta del Rey, aseguraba que «se huelen y entienden los pensamientos» y que podían reconocerse por su forma de hablar, andar y moverse. No estaba describiendo una realidad biológica. Estaba dejando constancia de una manera de mirar, clasificar y perseguir a quienes se apartaban de la norma sexual de su tiempo.

Ese pasaje sevillano es uno de los muchos documentos reunidos y analizados por Francisco Vázquez García, catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz y especialista en historia de la sexualidad, en el estudio El hedor de los invertidos. Biopolíticas olfativas y disidencia sexual, publicado en junio de 2026 en el número 20 de Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos.

La investigación propone una historia poco habitual: seguir durante siglos el rastro del olor como instrumento de estigmatización. El objetivo no es demostrar que existiera un olor específico asociado a la homosexualidad, sino justamente lo contrario: explicar cómo distintas sociedades construyeron esa asociación y la utilizaron para separar a los considerados normales de quienes eran presentados como desviados, pecadores, enfermos o degenerados.

Del pecado a la pestilencia

Durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, el olor formaba parte de una concepción religiosa y médica del mundo muy diferente de la actual. La peste, la corrupción del aire, la descomposición de los cuerpos y el pecado podían integrarse dentro de un mismo sistema de significados. El estudio recuerda que la tradición jurídica y teológica llegó a vincular la sodomía con calamidades colectivas como el hambre, los terremotos o las epidemias.

Vázquez García rastrea esa asociación desde las constituciones promulgadas por el emperador Justiniano en el siglo VI hasta su presencia en la legislación castellana. Las Siete Partidas de Alfonso X y la Pragmática de los Reyes Católicos de 1497 se insertaron en una cultura jurídica en la que determinados comportamientos sexuales eran interpretados no solo como faltas individuales, sino como amenazas capaces de provocar el castigo divino sobre toda la comunidad.

Dentro de esa lógica, el hedor podía convertirse en una señal moral. Textos religiosos, predicaciones, crónicas y tratados fueron acumulando imágenes que relacionaban la sodomía con la suciedad, la putrefacción, el azufre, los excrementos o la enfermedad. La asociación no era inocente: permitía convertir la diferencia sexual en algo visible —o, en este caso, olfativamente reconocible— y justificar su persecución.

La Sevilla del XVI: “se huelen” y se reconocen

El documento más cercano a Andalucía aparece en el testimonio del jesuita Pedro de León, que conoció de primera mano la Sevilla de finales del Quinientos. Al hablar de los sodomitas que merodeaban por la Huerta del Rey durante la década de 1580, afirmaba que se reconocían unos a otros como si pudieran “olerse”. El olfato funcionaba aquí como metáfora de una supuesta capacidad para identificarse en público.

El interés del pasaje está en que permite entrar en la mentalidad de la Sevilla del Siglo de Oro. No nos habla de un dato fisiológico, sino de un prejuicio social profundamente incorporado. El gesto, la ropa, la voz, el modo de caminar o de relacionarse podían convertirse en señales sospechosas. El “olor” condensaba todas esas marcas y daba al prejuicio la apariencia de una evidencia inmediata: bastaba con estar cerca del otro para creer que se sabía quién era.

Vázquez García relaciona además esta estigmatización con otros grupos marginados. Prostitutas, extranjeros, pobres, minorías religiosas y raciales o personas consideradas desviadas fueron objeto en distintas épocas de discursos que los asociaban a la suciedad y al mal olor. El olfato, precisamente porque provoca reacciones físicas muy rápidas de atracción o rechazo, podía funcionar como una poderosa frontera social.

Cuando la medicina heredó el prejuicio

A partir del siglo XVIII, el marco comenzó a cambiar. La peste dejó de explicarse mediante la intervención del demonio y el castigo divino, mientras la higiene urbana, el alcantarillado, la desinfección, el baño y el jabón adquirían un peso creciente. Sin embargo, la desaparición del viejo lenguaje religioso no acabó con el estigma. En muchos casos, simplemente cambió de vocabulario.

Durante el siglo XIX, la medicina legal española comenzó a describir al llamado “pederasta” como un tipo humano reconocible. Tratados forenses de la época hablaban de maquillaje, perfumes intensos, determinadas formas de vestir y supuestos signos físicos o corporales. El olor dejó de ser principalmente una señal del pecado para convertirse en un presunto indicio clínico.

Hoy sabemos que aquellas descripciones estaban atravesadas por prejuicios y no constituían una ciencia neutral. Pero precisamente por eso son históricamente importantes. Muestran cómo la autoridad médica podía convertir estereotipos sociales en categorías aparentemente objetivas. El homosexual ya no era solo un pecador: podía ser presentado como un cuerpo anormal que debía ser inspeccionado, clasificado y explicado.

El cambio es fundamental. En la Edad Moderna, la persecución se justificaba por una amenaza al orden religioso y a la comunidad. En la sociedad liberal, la mirada se desplazó hacia la anatomía, la higiene, la sexualidad y la conducta individual. La medicina y la psiquiatría fueron ocupando espacios que antes pertenecían a teólogos, confesores y jueces.

De la anatomía a la idea de “degeneración”

Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX apareció otro giro. Las teorías evolucionistas y sexológicas comenzaron a interpretar la homosexualidad como una detención del desarrollo o una supervivencia de estadios considerados primitivos. También el olfato quedó atrapado en ese esquema.

Autores como Wilhelm Fliess y posteriormente Sigmund Freud relacionaron el olfato con determinadas fases del desarrollo sexual. En España, médicos, criminólogos y divulgadores incorporaron estas ideas a una literatura que describía al homosexual mediante perfumes, preferencias olfativas, supuesta hipersensibilidad o afinidad con olores corporales fuertes. El artículo de Vázquez García muestra cómo ese lenguaje participó en una clasificación biológica de la población que separaba lo sano de lo anormal, lo civilizado de lo primitivo.

La investigación presta especial atención a la persistencia de estas teorías en España. Gregorio Marañón y otros autores de comienzos del siglo XX aparecen en este recorrido, pero el prejuicio no desapareció con la Guerra Civil. En 1959, el catedrático de Psiquiatría y Medicina Legal Valentín Pérez Argilés todavía reproducía explicaciones que vinculaban la homosexualidad con una supuesta “perversión olfativa”.

Un prejuicio que sobrevivió a sus propias teorías

La tesis final del estudio es quizá la más incómoda. Las teorías médicas y religiosas que durante siglos justificaron estas asociaciones han perdido legitimidad, pero ciertas imágenes sobreviven. El mal olor continúa apareciendo de manera ocasional como recurso para deshumanizar o degradar a grupos sociales.

Vázquez García abre su trabajo recordando dos episodios de 2019. En España, un argumentario político sobre la celebración del Orgullo en Madrid utilizó la expresión “hedor insalubre e insoportable” para describir el efecto de la fiesta sobre el centro de la ciudad. Ese mismo verano, un obispo ortodoxo de Chipre afirmó que las personas gays “apestan”. Para el investigador, estos ejemplos muestran que bajo lenguajes contemporáneos pueden reaparecer restos de formas muy antiguas de estigmatización.

La historia del olor es, por tanto, mucho más que una curiosidad. Permite comprender cómo se construye socialmente al diferente y cómo sensaciones aparentemente privadas —asco, repulsión, incomodidad— pueden transformarse en argumentos políticos, jurídicos o médicos. El olor no habla por sí solo. Son las sociedades las que deciden a quién atribuírselo, qué significado darle y qué consecuencias extraer de esa atribución.

Y ahí reside el valor del trabajo de Francisco Vázquez García: mostrar que incluso algo tan íntimo y difícil de fijar como un olor puede convertirse en una tecnología de poder. Desde la Sevilla de Pedro de León hasta la psiquiatría franquista, el estigma fue cambiando de lenguaje, pero mantuvo una misma función: señalar al otro, marcarlo y colocarlo fuera de la normalidad.

Fuente principal: Francisco Vázquez García, El hedor de los invertidos. Biopolíticas olfativas y disidencia sexual, Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos, nº 20, junio de 2026, pp. 11-54. DOI: 10.5281/zenodo.20591009.

Un expediente conservado en el Archivo Histórico de la Nobleza permite asomarse a una Marchena de finales del siglo XVI donde el poder ducal no era absoluto ni silencioso. En 1578, Salvador de Benjumea y otros vecinos de la villa presentaron una demanda contra Rodrigo Ponce de León, III duque de Arcos, por el estanco de las carnicerías. El documento no es una anécdota administrativa: muestra a vecinos organizados, reuniones de cabildo y un conflicto muy concreto sobre quién podía controlar un servicio básico como el abastecimiento de carne.

La pieza aparece en PARES con la signatura OSUNA,C.170,D.112-115 y está fechada entre el 3 de noviembre de 1578 y el 2 de junio de 1579. Se trata de una unidad documental compuesta por cuatro documentos en papel. La descripción oficial señala expresamente que contiene el testimonio de la demanda presentada por Salvador de Benjumea y otros vecinos de Marchena contra el III duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, «en lo tocante al estanco de las carnicerías», así como testimonios de varias reuniones de cabildo donde se trató la cuestión y la defensa de la demanda.

La palabra estanco, en este contexto, no alude a una tienda de tabaco, sino a un régimen de monopolio o control exclusivo sobre la venta o suministro de determinados productos. En una villa del siglo XVI, controlar las carnicerías significaba intervenir directamente en uno de los circuitos esenciales de abastecimiento cotidiano. Por eso el interés del expediente no está solo en el nombre de un demandante, sino en el choque entre dos niveles de poder: de un lado, el señorío ducal; de otro, vecinos y representantes locales que deciden recurrir a la vía judicial.

Rodrigo Ponce de León había sucedido a su padre como III duque de Arcos en 1573. PARES lo identifica como señor de Marchena, marqués de Zahara y conde de Casares, además de capitán general de las costas de Andalucía. La propia historia institucional de Marchena recuerda que la villa fue residencia habitual de los Ponce de León y centro principal del Estado de Arcos durante siglos. En 1578, por tanto, la demanda se produce en una localidad donde la presencia de la casa ducal era cotidiana, económica, jurisdiccional y política.

Un pleito sobre carne que habla de poder

El valor narrativo del documento está precisamente en su escala. No estamos ante una guerra, una fundación religiosa o una gran operación diplomática, sino ante algo que afectaba directamente a la mesa y al bolsillo de los vecinos. El expediente conserva además la huella de las reuniones de cabildo en las que se discutió el asunto, lo que permite ver que el conflicto no quedó limitado a una protesta individual.

La documentación no permite afirmar, al menos a partir de la ficha descriptiva disponible, cuál fue el resultado final del pleito. Tampoco sería riguroso reconstruir frases o intervenciones de los protagonistas sin una transcripción completa de los folios. Lo que sí puede afirmarse es que entre noviembre de 1578 y junio de 1579 la cuestión fue suficientemente importante como para generar una demanda formal contra el duque y varios testimonios de sesiones del cabildo.

El expediente encaja además con otros fondos de PARES que muestran tensiones parecidas dentro del propio Estado de Arcos. Décadas después, en 1610, una ejecutoria real relacionada con Pruna recoge otro pleito de vecinos contra el mismo III duque de Arcos por dehesas, estancos, hornos, mesones y otros derechos señoriales. No es el mismo conflicto ni debe confundirse con el de Marchena, pero ayuda a situar el problema dentro de una realidad más amplia: los derechos económicos del señor podían ser discutidos y llevados a los tribunales.

La Marchena que también discutía al señor

La imagen tradicional de la Marchena ducal suele construirse desde el palacio, las iglesias, los conventos y el mecenazgo artístico. Todo eso forma parte de la historia de la villa, pero documentos como éste introducen otra perspectiva: la de las fricciones cotidianas entre los habitantes y el poder señorial.

Las investigaciones reunidas en las Jornadas sobre Historia de Marchena han documentado la complejidad económica y administrativa del señorío durante los siglos XV y XVI. Estudios como el dedicado por María Luisa Pardo Rodríguez al arrendamiento de las escribanías públicas entre 1512 y 1529 muestran hasta qué punto determinados servicios y rentas locales formaban parte de un sistema económico estrechamente ligado a la casa señorial. El pleito de las carnicerías de 1578 añade ahora una escena concreta a ese paisaje.

Hay algo especialmente moderno en la escena que conserva el archivo: vecinos que no se limitan a aceptar una decisión, sino que demandan, buscan respaldo y hacen que el asunto llegue al cabildo. El documento no convierte a Marchena en una excepción ni permite hablar de una rebelión popular. Pero sí demuestra algo más sencillo y quizá más interesante: bajo la monumentalidad de la villa ducal existía una sociedad capaz de discutir intereses económicos y de utilizar los mecanismos jurídicos de su tiempo.

Fuente documental

Archivo Histórico de la Nobleza. Fondo Ducado de Arcos. Señorío de Marchena. Serie: Pleitos sobre jurisdicción.
Signatura: OSUNA,C.170,D.112-115.
Fechas: 3 de noviembre de 1578 – 2 de junio de 1579.
Título: Testimonio de la demanda que puso Salvador de Benjumea y otros vecinos de la villa de Marchena al III duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, en lo tocante al estanco de las carnicerías, y testimonio de varias reuniones de cabildo donde se trató esta cuestión y la defensa de dicha demanda.

Para ampliar información:
Ficha del documento en PARES
Rodrigo Ponce de León Toledo (1545-1630), autoridad PARES
Historia de Marchena – Turismo de Marchena
María Luisa Pardo Rodríguez: El arrendamiento de las escribanías públicas de Marchena (1512-1529)

Imagen destacada: Archivo Histórico de la Nobleza. Imagen de archivo utilizada como recurso visual. La pieza documental citada está digitalizada en PARES.