La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a 13 personas en la operación ‘Drink/Alambique’, que investiga un entramado de más de treinta sociedades. En La Puebla se registraron empresas vinculadas a la investigación y un domicilio particular. La causa está dirigida desde el Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera.
La Puebla de Cazalla aparece directamente vinculada a una de las mayores operaciones contra el fraude fiscal conocidas este verano en Andalucía. La Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización presuntamente dedicada a defraudar el IVA en la comercialización de bebidas alcohólicas y a introducir posteriormente parte de las ganancias en el circuito legal mediante operaciones de blanqueo de capitales.
La investigación, bautizada como ‘Drink/Alambique’, se ha saldado por el momento con 13 personas detenidas y otras cuatro investigadas. Hacienda calcula provisionalmente en 11,9 millones de euros las cuotas de IVA presuntamente defraudadas durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2018 y 2025. La cifra, advierten los investigadores, todavía podría aumentar a medida que se estudie la documentación intervenida.
Registros en La Puebla de Cazalla
La conexión con La Puebla no es meramente territorial. La fase operativa se desarrolló el pasado 14 de julio de 2026 y comprendió nueve entradas y registros en sociedades mercantiles situadas en La Puebla de Cazalla, Valencia, Badajoz y Córdoba, además del registro de un domicilio particular en La Puebla de Cazalla. La información oficial no precisa, al menos por ahora, cuántas de las nueve empresas registradas se encontraban concretamente en el municipio sevillano, por lo que no sería correcto atribuir a La Puebla la totalidad de esos registros.
La operación se desarrolló bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, plaza número 2, órgano judicial competente en la investigación. La existencia y actual denominación de este Tribunal de Instancia está igualmente recogida por el Ministerio de Justicia.
Una estructura de más de treinta sociedades
Detrás de las operaciones aparentemente ordinarias de importación y distribución de alcohol, los investigadores aseguran haber descubierto una arquitectura empresarial mucho más compleja. El entramado estaría compuesto por más de treinta sociedades, cada una con una función determinada, además de una estructura empresarial paralela que habría servido para canalizar fondos procedentes de la actividad presuntamente delictiva.
La dimensión del trabajo policial y tributario queda reflejada en otro dato: los investigadores analizaron movimientos relacionados con 173 cuentas bancarias. A partir de esa documentación detectaron importantes volúmenes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de otros países de la Unión Europea, principalmente Países Bajos y Portugal, destinados posteriormente a depósitos fiscales españoles.
El mecanismo investigado aprovechaba el régimen fiscal aplicable a este tipo de mercancías. Las bebidas eran introducidas mediante empresas que la investigación denomina “introductoras” y circulaban en determinadas fases bajo un régimen suspensivo de IVA e impuestos especiales. Después se sucedían transmisiones de la mercancía entre diferentes sociedades instrumentales dentro de los depósitos fiscales.
El supuesto fraude se produciría cuando intervenían sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes antes de que el producto llegase finalmente a las empresas distribuidoras. Al reducir artificialmente la carga fiscal, estas últimas podían colocar las bebidas en el mercado a precios notablemente inferiores a los de competidores que sí cumplían con sus obligaciones tributarias. La Agencia Tributaria considera que este procedimiento generaba también una situación de competencia desleal dentro del sector.
Para dificultar el seguimiento de las operaciones, la organización habría empleado además sociedades instrumentales, testaferros y facturas falsas, siempre según la investigación policial y tributaria. Conviene mantener esta precisión: los hechos se encuentran todavía dentro de un procedimiento judicial y las personas investigadas conservan su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
66.000 euros, relojes de lujo y bienes bloqueados
La actuación policial ha permitido bloquear 35 cuentas bancarias vinculadas a la investigación y solicitar judicialmente el embargo de once inmuebles. En domicilios relacionados con uno de los principales investigados fueron intervenidos además 66.000 euros en efectivo, junto con relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación.
Las pesquisas patrimoniales apuntan también a que parte de los beneficios obtenidos presuntamente mediante el fraude habría sido desviada hacia una sociedad patrimonial, utilizada para canalizar el dinero y mantener inmuebles relacionados con algunos de los principales investigados. Es precisamente esta parte del entramado la que fundamenta la investigación paralela por supuesto blanqueo de capitales.
La operación adquiere así especial relevancia para la Sierra Sur sevillana. No se trata únicamente de que La Puebla de Cazalla figure entre las localidades donde se practicaron registros: la investigación está siendo dirigida judicialmente desde Morón de la Frontera, situando una causa de alcance nacional —con conexiones empresariales en cuatro provincias y movimientos comerciales internacionales— dentro del ámbito judicial más próximo a la comarca.
La investigación continúa abierta, por lo que habrá que esperar a la evolución de las diligencias para conocer con mayor precisión el número de sociedades y personas de La Puebla de Cazalla afectadas, su función concreta dentro del entramado y el destino judicial de los detenidos. Por ahora, no he encontrado en las fuentes oficiales consultadas datos que permitan identificar públicamente a las empresas o a los detenidos de La Puebla, de modo que no sería responsable atribuir nombres o negocios concretos sin confirmación documental.