Marchena aparece en las primeras páginas de la historia de la Inquisición española no como una nota marginal, sino como uno de los lugares hacia los que se dirigieron los conversos que abandonaron Sevilla cuando comenzó a funcionar el nuevo tribunal. El episodio colocó frente a frente a los dos primeros inquisidores sevillanos, fray Miguel de Morillo y fray Juan de San Martín, y a Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, conde de Arcos y señor de Marchena.
La documentación y la historiografía permiten reconstruir con bastante precisión aquel momento. El 27 de septiembre de 1480, en Medina del Campo, los Reyes Católicos designaron a los dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín para actuar como inquisidores. La nueva Inquisición castellana se apoyaba en la bula Exigit sincerae devotionis affectus, otorgada por Sixto IV el 1 de noviembre de 1478, que permitía a los monarcas escoger inquisidores.
¿Quiénes eran Miguel de Morillo y Juan de San Martín?
Los dos pertenecían a la Orden de Predicadores. La investigación contemporánea ha permitido perfilar mejor sus trayectorias y situarlas en el movimiento de reforma observante dominicano, estrechamente relacionado con la política religiosa de los Reyes Católicos. El historiador José María Cruselles Gómez ha estudiado este contexto en De Morillo a Torquemada. Inquisidores fernandinos, dominicos observantes y razón de estado (1478-1484), publicado en 2023 en la revista académica Estudis.
Juan de San Martín había ocupado cargos importantes dentro de la observancia dominicana. Cruselles documenta que fue uno de los primeros vicarios de la congregación observante entre 1472 y 1474 y que en 1477 era prior del convento de San Pablo de Burgos, cargo que todavía desempeñaba cuando fue enviado al sur en 1480. Morillo, por su parte, pertenecía igualmente a ese entramado dominicano favorecido por la monarquía.
Con ellos actuaron el doctor Juan Ruiz de Medina, miembro del Consejo Real, y Juan López del Barco como fiscal. A finales de 1480 la Corona tuvo incluso que ordenar a las autoridades sevillanas que prestasen ayuda a los nuevos inquisidores.
El miedo se extiende por Sevilla
La llegada del tribunal tuvo una consecuencia inmediata: la salida de numerosos conversos de Sevilla. No debe confundirse este episodio con la expulsión general de los judíos de 1492. Estamos once años antes y las personas perseguidas por el tribunal eran fundamentalmente cristianos bautizados sospechosos de mantener prácticas judías.
Muchos buscaron la protección de los grandes señoríos andaluces. Allí la nobleza poseía amplias facultades jurisdiccionales y algunos fugitivos pudieron pensar que estarían más protegidos que en una ciudad sometida directamente a la acción de la Corona.
2 de enero de 1481: una orden que señala directamente al señor de Marchena
El documento decisivo está fechado el 2 de enero de 1481. Morillo y San Martín se dirigieron expresamente a Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, conde de Arcos de la Frontera y señor de la villa de Marchena, además de a otros nobles y autoridades del reino.
Los inquisidores afirmaban haber sabido que numerosas personas habían abandonado Sevilla y se habían dirigido a lugares pertenecientes al marqués y a otros señores esperando ser protegidas. Ordenaban realizar pesquisas, detener a los fugitivos y entregarlos al tribunal, además de embargar sus bienes. La desobediencia podía convertir al protector, en la terminología jurídica y religiosa del momento, en favorecedor o encubridor de herejes.
El historiador Juan Gil, en su obra Los conversos y la Inquisición sevillana, subraya precisamente este conflicto entre la aristocracia y el nuevo tribunal. Según su estudio, la nobleza intentó proteger a criados, contadores y mayordomos conversos refugiándolos en sus señoríos, pero el Santo Oficio pretendió extender allí también su capacidad de actuación.
Marchena, Mairena y Los Palacios: «más de ocho mil almas»
La fuente narrativa contemporánea más conocida es Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios y cronista de los Reyes Católicos. Al describir el éxodo de conversos de Sevilla, Bernáldez afirma que llegaron «más de ocho mil almas» a Mairena, Marchena y Los Palacios y añade que el marqués los mandó acoger y tratar con consideración.
La cifra pertenece a una crónica de época y debe tratarse como tal: no equivale a un padrón moderno ni significa que ocho mil personas llegaran exclusivamente a Marchena. Bernáldez agrupa en esa cantidad varios lugares de los estados del marqués. Pero su testimonio confirma inequívocamente que Marchena formó parte de aquella geografía de refugio.
La propia crónica explica además que algunos de aquellos fugitivos continuaron después hacia Portugal, Roma o territorios musulmanes, mientras otros regresaron y se reconciliaron ante los inquisidores.
Nombres propios que conducen hasta Marchena
La investigación de Juan Gil permite ir más allá de las cifras generales. En Los conversos y la Inquisición sevillana aparecen miembros de la poderosa familia Susán distribuyéndose por distintos señoríos durante la persecución. Gil sitúa a Juan Gómez de Susán y Pedro de Susán en Marchena, mientras Álvaro de Susán aparece en Sanlúcar de Barrameda.
Estos datos convierten el episodio en algo mucho más concreto: no estamos únicamente ante una tradición local sobre la llegada de conversos, sino ante individuos y familias que pueden seguirse mediante documentación inquisitorial, genealógica y fiscal.
¿Protegió Rodrigo Ponce de León a los conversos?
Las fuentes permiten afirmar que los conversos acudieron a sus dominios y que Bernáldez atribuye al marqués la orden de acogerlos. También es indiscutible que los inquisidores se dirigieron a él el 2 de enero de 1481 precisamente para impedir que los fugitivos encontraran protección en sus territorios.
Lo que requiere más cautela es convertir estos hechos en una supuesta oposición ideológica de Rodrigo Ponce de León a la Inquisición. El señor de Marchena era uno de los grandes magnates de la época y su comportamiento debe analizarse dentro de las relaciones de patronazgo, dependencia económica, jurisdicción señorial y rivalidad política del siglo XV. Muchos conversos ocupaban puestos importantes en las redes económicas y administrativas de la nobleza.
Por eso el episodio resulta especialmente revelador: muestra cómo la creación de la Inquisición no afectó únicamente a las relaciones entre cristianos viejos y conversos. También alteró el equilibrio de poder entre la Corona, el nuevo tribunal y las grandes casas nobiliarias.
Marchena en el nacimiento de la Inquisición castellana
En febrero de 1481 comenzaron en Sevilla las primeras ejecuciones de condenados por el nuevo tribunal. El conflicto iniciado unas semanas antes había convertido ya a Marchena en uno de los nombres que aparecían alrededor de aquella primera gran fuga de conversos.
La conexión resulta particularmente significativa porque Rodrigo Ponce de León no era un noble cualquiera: además de señor de Marchena era marqués de Cádiz y conde de Arcos, cabeza de una extensa red de poblaciones y fortalezas. La orden de Morillo y San Martín comenzaba dirigiéndose a él de manera expresa.
Más de cinco siglos después, la combinación del edicto inquisitorial, la crónica de Bernáldez y la documentación estudiada por Juan Gil permite reconstruir uno de los episodios más extraordinarios de la historia social de Marchena: durante los primeros compases de la Inquisición española, la villa fue uno de los lugares donde buscaron refugio familias conversas que abandonaban Sevilla.
Otros reportajes de Marchena Secreta
Este episodio forma parte de una investigación más amplia sobre la presencia judía y conversa en la Campiña sevillana. Puede ampliarse en Marchena, refugio converso en 1481: la Inquisición aprieta a los Ponce de León, en Las amenazas de la Inquisición a Rodrigo Ponce de León en 1481 y en Rodrigo Ponce de León y los judíos: un capítulo olvidado en la Historia de España.
Fuentes consultadas
Para este reportaje se han contrastado la Historia de los Reyes Católicos de Andrés Bernáldez; Juan Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana (Universidad de Sevilla, 2000); José María Cruselles Gómez, De Morillo a Torquemada. Inquisidores fernandinos, dominicos observantes y razón de estado (1478-1484), Estudis, nº 49 (2023), pp. 15-68; la documentación del edicto de 2 de enero de 1481 publicada por Fidel Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia; y estudios histórico-jurídicos sobre la implantación inicial de la Inquisición castellana.
Nota de precisión histórica: el artículo distingue deliberadamente entre judíos y judeoconversos. La actuación inquisitorial de 1480-1481 se dirigía contra bautizados acusados de herejía o de judaizar; no debe confundirse con el decreto de expulsión de los judíos de 1492.
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