Fernando Mir Rey Ramírez de Cartagena examinó en 1714 la actuación del asistente y del escribano del cabildo de Marchena. Después ocupó él mismo la asistencia y tuvo que responder ante otro juez de residencia. Cuatro conjuntos documentales del Archivo Histórico de la Nobleza permiten acercarse a aquel sistema de control, entre querellas vecinales, conflictos de abastos y recursos judiciales.

El nombre que encabeza una investigación puede aparecer, años después, al otro lado del procedimiento. Eso ocurrió en la Marchena del siglo XVIII con Fernando Mir Rey Ramírez de Cartagena: primero revisó la gestión de quienes habían ejercido el poder municipal; más tarde, su propia actuación quedó sometida a examen. La historia tiene la fuerza de un giro narrativo, pero su interés va más allá del personaje. Permite preguntarse quién vigilaba a las autoridades de una villa señorial y qué posibilidades tenían sus vecinos de reclamar.

El hilo se conserva en el Archivo Histórico de la Nobleza, dentro de la documentación del Ducado de Arcos integrada en el Archivo de los Duques de Osuna. Las referencias localizadas enlazan dos juicios de residencia con otros asuntos judiciales de la misma época. Conviene establecer desde el principio una precisión: estar sometido a residencia no equivalía a ser declarado culpable. El desenlace de cada cargo exige conocer el fallo correspondiente.

1714: revisar al asistente y al escribano

La primera pieza es el juicio de residencia OSUNA,C.173,D.1-138, fechado entre el 19 de agosto y el 27 de octubre de 1714. Fernando Mir Rey actuó por encargo de Joaquín Ponce de León Lancáster, VII duque de Arcos, para examinar a Pedro Antonio del Cost Zabaleta, asistente de Marchena, y a Juan Álvarez Navarro, escribano del cabildo.

La descripción recogida en el dosier documental identifica autos generales, pesquisa secreta, comprobación de citas, instrumentos, decretos ducales y piezas de cargos, descargos y sentencia. Son 138 documentos: un conjunto que permite seguir las distintas fases de la revisión, aunque su volumen por sí solo no demuestra la gravedad de las posibles irregularidades.

El procedimiento colocaba bajo examen tanto el ejercicio de la autoridad como la actuación del escribano. Para comprender lo sucedido hay que atender a las acusaciones y a las respuestas de los examinados. Una imputación conservada en un expediente sigue siendo una imputación hasta que se contrasta con las pruebas y con la resolución.

Qué significaba pasar una residencia

El tesauro de PARES del Ministerio de Cultura define el juicio de residencia como un procedimiento para revisar la actuación de determinados cargos al terminar su ejercicio y establecer las responsabilidades derivadas de sus actos. Entre sus elementos figuraban el anuncio público, los interrogatorios, las declaraciones de testigos, las pruebas documentales y la sentencia. El resultado podía ser absolutorio, condenatorio o distinto para cada cargo.

El historiador Alfonso Jesús Heredia López sitúa esta institución en una tradición extensa de fiscalización del gobierno y la justicia en Castilla e Indias. Su estudio publicado en Revista de Historiografía en 2022 revisa también el debate sobre su eficacia y sobre el valor de estos expedientes para estudiar la sociedad que los produjo.

En Marchena, la intervención del duque obliga a situar el control dentro del propio sistema señorial. La comparación con una auditoría ayuda a entender la revisión de una gestión anterior, pero resulta insuficiente: aquí había un procedimiento judicial y una autoridad señorial que encargaba el examen. Su existencia acredita un mecanismo de control; para valorar su independencia y sus efectos hay que estudiar cómo funcionaba en cada caso.

Los vecinos también dejaban sus quejas por escrito

La documentación permite salir de los grandes nombres. En la unidad OSUNA,C.172,D.147-155, los documentos 151 a 155 contienen un cuaderno de querellas de vecinos en la residencia de Pedro Antonio del Cost. La ficha identifica a Juan de Savedra, José Tejada y Felipe Delgado, entre otros, y fecha esas piezas entre agosto y noviembre de 1714.

El mismo conjunto reúne documentación diferente: el pleito contra Juan de Vacas, padre e hijo, por vender carne de oveja sin las licencias necesarias, con prisión y solicitudes de libertad en 1712. Otra pieza recoge la denuncia del alguacil Isidoro Rodrigo de Ahumada por ventas de carne de ternero en una casa de la colación de San Miguel en 1713.

Esa agrupación exige cuidado. No permite afirmar que Fernando Mir Rey ordenara aquellos encarcelamientos ni que los pleitos de la carne originaran las querellas posteriores. Lo que ofrece es una ventana a asuntos concretos de la vida local: permisos, ventas, denuncias y peticiones de libertad.

Los nombres de los vecinos hacen visible una dimensión que suele perderse al contar la historia desde los palacios. También ellos aparecen como actores del procedimiento. Para saber qué reclamaban y qué respuesta obtuvieron sería necesario seguir cada querella hasta su resolución.

Una discusión que terminó en destierro

Un segundo caso acerca todavía más aquella justicia a la vida cotidiana. La unidad OSUNA,C.172,D.156-164 describe el proceso contra Antonio Tortolero de Vegas por injurias y amenazas durante una discusión con Juan de Carmona, relacionada con una deuda de su suegra, Graciana Caro de Vegas.

Aquí la ficha sí identifica expresamente el resultado de una sentencia: un año de destierro, el 30 de octubre de 1714. Antes recoge los autos iniciados por Fernando Mir Rey, solicitudes de libertad y una petición de libertad bajo fianza. Después consta una solicitud de apelación presentada el 3 de noviembre.

La secuencia muestra cuánto podía pesar un enfrentamiento personal en la vida de un vecino: prisión, peticiones para salir de ella, sentencia y recurso. La existencia de la apelación tampoco permite dar por conocido su resultado. Para reconstruir el desenlace completo habría que examinar las piezas posteriores.

El cambio de posición de Fernando Mir Rey

Una investigación de Francisco Javier Gutiérrez Núñez, Marchena y el VII Duque de Arcos (1693-1729). Aspectos sobre el control del estado señorial, aporta una comprobación externa de la trayectoria. En la página 789 sitúa a Mir Rey como corregidor de Zahara en 1714, cuando recibió el encargo de revisar al asistente marchenero, y fecha su asistencia en Marchena entre 1715 y 1719.

El mismo trabajo, apoyado en las actas capitulares, señala que el 5 de septiembre de 1721 ya se conocía el nombramiento de Antonio Gregorio del Barco como nuevo asistente y juez de residencia de Mir Rey. Su recepción como asistente se produjo el día 10.

El archivo conserva la otra mitad de la historia bajo la signatura OSUNA,C.173,D.150-221. El conjunto está fechado entre 1717 y 1722 y reúne 72 documentos de la residencia realizada por Antonio Gregorio del Barco contra su antecesor. El dosier identifica interrogatorios, declaraciones, cargos, defensa, sentencia, apelación, correspondencia con el duque y una segunda sentencia.

La fecha inicial del conjunto no debe confundirse con la del nombramiento de Del Barco en 1721. Un expediente puede incorporar documentos anteriores al procedimiento principal; identificar qué pieza explica 1717 requiere revisar el original. La cronología municipal y las fechas extremas del archivo describen cosas diferentes.

Lo que sabemos y lo que falta por leer

El ciclo está documentado: Mir Rey examinó una gestión anterior, ejerció después como asistente y quedó sometido a residencia. Quedan abiertas preguntas fundamentales: cuáles fueron exactamente los cargos formulados contra él, cuáles se probaron, qué decidió la segunda sentencia y qué papel tuvo la correspondencia con el duque.

Este reportaje se apoya en las descripciones archivísticas recogidas en el dosier, su contraste con los registros oficiales accesibles y los estudios citados. No presenta una transcripción íntegra de los expedientes. Durante la comprobación, las dos fichas principales de residencia devolvieron errores de acceso; sus referencias y fechas pudieron contrastarse en los listados indexados de PARES y la sucesión de los cargos, en la investigación histórica municipal.

Por eso la historia del juez que acabó juzgado conserva una pregunta abierta sobre su desenlace. Su valor está también en mostrar cómo se escribía el poder: mediante nombramientos, quejas, testimonios, defensas y recursos. Entre esos papeles siguen apareciendo los vecinos de Marchena y sus conflictos concretos, a menudo ausentes de la memoria monumental de la villa.

Fuentes y consulta: Ministerio de Cultura, Archivo Histórico de la Nobleza, PARES; signaturas OSUNA,C.173,D.1-138, OSUNA,C.173,D.150-221, OSUNA,C.172,D.147-155 y OSUNA,C.172,D.156-164. Contexto académico: Alfonso Jesús Heredia López, Revista de Historiografía, 37 (2022), pp. 413-435; Francisco Javier Gutiérrez Núñez, estudio enlazado, especialmente pp. 782 y 788-789. Los enlaces permiten ampliar la información y localizar las descripciones y los originales digitalizados.

Imagen de portada: reja del Palacio Ducal, fotografía de archivo ya utilizada por Marchena Secreta en su reportaje sobre los Ramírez de Cartagena. Imagen ilustrativa del contexto señorial.

Una yegua sin dueño aparente dejó en Marchena un rastro de testigos, pregones y reclamaciones. En 1733, su destino terminó ligado a los derechos de la Casa de Arcos sobre los bienes mostrencos, una prerrogativa que la villa y el Estado ducal tenían en litigio.

La historia se conserva en el Archivo Histórico de la Nobleza. Según la descripción de PARES, el asistente Manuel Arévalo de la Capellana ordenó anunciar el hallazgo y conceder quince días al propietario para reclamar el animal. Los autos incorporaban declaraciones de testigos.

El 31 de julio, José Narciso de Herdocia, contador mayor del Estado de Arcos, solicitó su entrega invocando el derecho de mostrencos. Una resolución de esa fecha dispuso que la yegua pasara a la hacienda ducal. En septiembre de 1737, otra pieza del conjunto todavía dejaba constancia del pleito entre la villa y la Casa de Arcos por aquellos privilegios.

El expediente reúne documentos de 1691 a 1754. Entre ellos figura una ejecutoria sobre esos derechos en ocho villas y una relación posterior de bienes adquiridos y, en algunos casos, vendidos por la administración ducal.

¿Cómo podía un animal extraviado llevarnos hasta las cuentas de un señorío? La pregunta obliga a mirar más allá del palacio y de sus grandes nombres. La historia del poder también se escribe en los trámites que deciden quién recibe un bien y qué autoridad puede disponer de él.

El estudio de Mercedes Gamero Rojas, El gobierno concejil de Marchena en el siglo XVIII, ayuda a entender ese escenario. La historiadora describe un municipio señorial cuyo cabildo estaba controlado por el señor, aunque atravesado por relaciones de poder entre la Corona, la casa nobiliaria, las élites locales y la población. A lo largo del Setecientos, el fortalecimiento de la Monarquía y el crecimiento de las élites locales modificaron ese equilibrio.

Desde esa perspectiva, la reclamación de un bien tenía una dimensión económica y otra de autoridad. Esta es una interpretación del contexto: no demuestra, por sí sola, que el concejo pretendiera quedarse con aquella yegua.

Francisco Núñez Roldán explica en Justicia y gracia en Marchena. Siglos XVI y XVII que el señorío jurisdiccional reunía facultades para administrar justicia, designar autoridades y percibir rentas. También advierte de una distinción fundamental: ejercer jurisdicción sobre un territorio no equivalía a ser propietario de todas sus tierras. Las leyes del reino y la posibilidad de apelar a tribunales reales formaban parte de los límites de la justicia señorial.

La yegua permite acercarse a ese mundo desde una escala cotidiana. Bajo las palabras jurídicas queda una pregunta sencilla: de quién acaba siendo aquello cuyo propietario no aparece. Su historia documental ofrece una respuesta para este caso, pero deja abiertas otras: el lugar preciso del hallazgo, el valor del animal o las circunstancias de quien lo perdió requieren una lectura completa de los autos.

Nota de investigación: se ha consultado la descripción archivística y examinado una selección de imágenes del expediente, incluidas las diligencias del pregón y la petición ducal. No se presenta una transcripción paleográfica íntegra ni se reproducen como citas literales pasajes de lectura dudosa.

Fuentes y consulta: Ministerio de Cultura, Archivo Histórico de la Nobleza, OSUNA,C.172,D.171-182, especialmente documentos 175, 176, 177, 179 y 181; visor del expediente en PARES. Mercedes Gamero Rojas, El gobierno concejil de Marchena en el siglo XVIII, pp. 115-117; Francisco Núñez Roldán, Justicia y gracia en Marchena. Siglos XVI y XVII, pp. 53-54. Ambos estudios pertenecen a las actas de las VI Jornadas sobre Historia de Marchena.

Un perdón de Enrique IV, los pagos sobre las alcabalas de sus villas y una carta de Fernando el Católico a Beatriz Pacheco permiten seguir la relación entre el señor de Marchena y la Corona entre 1474 y 1491.

Cien lanzas debían salir de Marchena. La petición procedía del rey Fernando y tenía una destinataria concreta: Beatriz Pacheco, esposa de Rodrigo Ponce de León. La carta, fechada en Córdoba el 4 de agosto de 1483, reclamaba fuerzas para una entrada en territorio granadino. Detrás de esa orden aparece una Marchena que aportaba recursos y capacidad militar a la guerra.

El documento se conserva en el Archivo Histórico de la Nobleza, con la signatura OSUNA,C.118,D.49, dentro de un conjunto de cartas regias. El historiador Juan Luis Carriazo Rubio lo recoge también en su estudio Beatriz Pacheco: cronistas y documentos en torno a la dama de Marchena. La descripción de PARES precisa que las cien lanzas debían ir con un caballero de su casa y salir el día de Santa María de agosto. La orden documenta una movilización solicitada; por sí sola no demuestra cómo se ejecutó ni identifica a todos sus participantes.

Que el rey escribiese a Beatriz merece detener la mirada. Su nombre figura como interlocutora en una decisión militar que afectaba al señorío. La carta permite reconocer su intervención en el funcionamiento de la casa y evita reducirla a una presencia secundaria al lado del marqués. Marchena aparece como punto de partida de unas fuerzas cuya organización exigía una autoridad capaz de reunirlas.

Nueve años antes, la relación del noble con la monarquía había dejado otra huella muy distinta. El 25 de noviembre de 1474, Enrique IV concedió un perdón a Rodrigo Ponce de León, sus parientes y criados. La unidad OSUNA,C.118,D.30-32 reúne esa carta y las confirmaciones de los Reyes Católicos, con fechas que el catálogo sitúa aproximadamente entre noviembre de 1474 y abril de 1476. Entre los asuntos perdonados figuraba haber labrado moneda de oro y plata en Jerez de la Frontera.

La acuñación jerezana ha sido estudiada por Manuel Mozo Monroy y Francisco Jordi Páez en Ceretanum, revista de la Real Academia de San Dionisio. Su investigación de 2024 atribuye a Jerez cuartos y medios cuartos de vellón marcados con una X y sitúa esa actividad en los últimos años de Enrique IV. Los autores advierten que no conocen ejemplares de oro o plata con esa marca: lo que menciona el perdón y las piezas identificadas constituyen evidencias diferentes.

El propio texto del perdón, reproducido en el estudio, introduce otro matiz: la labra se habría realizado por mandato y servicio del monarca. Los investigadores señalan, al mismo tiempo, su contradicción con disposiciones monetarias anteriores. Hablar simplemente de un falsificador borraría esa complejidad. El episodio pertenece a un escenario de poder regio discutido y capacidad nobiliaria para intervenir en la vida de una ciudad realenga.

Con Isabel y Fernando, los papeles permiten seguir otra dimensión del vínculo: el dinero destinado al servicio militar. Los libramientos OSUNA,C.166,D.101-125, fechados entre 1476 y 1486, incluyen pagos a Rodrigo Ponce de León relacionados con lanzas y cargados sobre las alcabalas de Marchena, Mairena, Rota y Guadajoz. La guerra se sostenía también mediante recaudadores, órdenes de pago y rentas locales.

La mención reiterada de Marchena permite colocar a la villa dentro de esa maquinaria financiera. Las disposiciones muestran de dónde debían salir determinados pagos. No bastan para calcular cuánto soportó cada vecino, cuánto se recaudó efectivamente o qué retrasos se produjeron. Para responder a esas preguntas harían falta cuentas y justificantes de cada operación.

El mecanismo seguía presente en 1490. Tres provisiones del 11 de marzo, conservadas como OSUNA,C.177,D.26-28, ordenaban a los recaudadores de varias localidades librar cantidades a Rodrigo por las lanzas. El documento 28 agrupaba a Marchena, Mairena, Guadajoz y Rota. La geografía del señorío se convertía, en los mandatos de la Corona, en una red de recursos.

Había también recompensas. El 7 de enero de 1491, en Sevilla, los Reyes Católicos concedieron a Rodrigo Ponce de León, conde de Arcos y duque de Cádiz, el quinto del botín de guerra de Cádiz y Rota durante toda su vida. La provisión, OSUNA,CP.75,D.9, incorpora la vertiente marítima a este recorrido por los ingresos y servicios de la casa.

Leídos en secuencia, estos documentos permiten interpretar una relación negociada: el perdón atendía a actuaciones del pasado, los libramientos financiaban fuerzas y las mercedes reconocían intereses y servicios. Esa lectura no convierte cada concesión en el precio demostrado de una acción concreta. Sí muestra que el poder del señor de Marchena se relacionaba con la monarquía mediante recursos, compromisos y decisiones que dejaron rastro escrito.

Queda una historia local por reconstruir alrededor de aquellas cien lanzas: quiénes fueron convocados, qué preparativos se realizaron y si salieron en la fecha prevista. La carta aporta un punto firme desde el que preguntar. Marchena tenía un lugar en las órdenes militares de Fernando el Católico, y Beatriz Pacheco recibía una de ellas. El archivo devuelve así nombres y responsabilidades a una historia que, vista solo desde los campos de batalla, deja demasiadas vidas fuera.

Fuentes y documentación: Archivo Histórico de la Nobleza, documentación de la Casa de Arcos conservada en el archivo de los duques de Osuna y descrita en PARES, Ministerio de Cultura: OSUNA,C.118,D.30-32; OSUNA,C.166,D.101-125; OSUNA,C.118,D.45-56, especialmente D.49; OSUNA,C.177,D.26-28; y OSUNA,CP.75,D.9. Manuel Mozo Monroy y Francisco Jordi Páez, «La moneda castellano-leonesa de Xerez de la Frontera», Ceretanum, 5 (2024), pp. 51–90. Juan Luis Carriazo Rubio, estudio sobre Beatriz Pacheco, apéndice documental, documento 22. Esta pieza se apoya en las descripciones archivísticas y la bibliografía citada; no presenta una transcripción paleográfica integral de los originales.

Para seguir explorando: Caminos del León, el recorrido histórico de Marchena Secreta por el legado de los Ponce de León.

Una reclamación de 1836 permite recorrer la historia económica de San Pedro Mártir: las rentas para mantener a sus frailes, el crédito para comprar alimentos y la conversión de su corralón en plaza de abastos.

Los frailes habían abandonado el convento, pero sus cuentas seguían abiertas. En 1836, el Crédito Público reclamaba a la Casa de Arcos la asignación que había sostenido a la comunidad de San Pedro Mártir, el Santo Domingo de Marchena. La administración ducal defendía que la obligación había terminado con la extinción de la comunidad. En aquel cruce de papeles aparece una pregunta que permite mirar de otra forma este rincón de Marchena: ¿quién debía cobrar y quién debía pagar cuando desaparecía un convento?

El informe de Santiago Apesteguía, transcrito por Juan Luis Ravé Prieto en su estudio sobre las fundaciones marcheneras, recoge la posición del archivo ducal. Reunía una aportación de 80.000 maravedíes y otra testamentaria de 23.000. Recordaba también un crédito de la casa contra el convento: 1.400 ducados de principal y 70 de renta anual, garantizados con un molino de aceite, viñas y olivares. Son cantidades consignadas en ese informe, no el resultado de una liquidación comprobada. La documentación aquí consultada no permite establecer cómo acabó la reclamación.

El hilo retrocede hasta el 1 de mayo de 1520. La descripción de PARES de la unidad OSUNA,C.169,D.93-99, conservada en el Archivo Histórico de la Nobleza, identifica la escritura acordada entre Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos, y fray Domingo Melgarejo, provincial dominico de Andalucía. El compromiso comprendía una dotación para sostener a veinte religiosos. La vida de la comunidad quedaba vinculada a un pacto patrimonial que seguiría invocándose siglos después.

El mismo expediente conserva una copia de la provisión de Isabel de Portugal, fechada en Madrid el 29 de diciembre de 1535, para que Luis Cristóbal Ponce de León pagase conforme al testamento del fundador. También incluye una copia de la escritura fundacional realizada en 1843. Esa fecha acredita la reproducción del documento; por sí sola no demuestra qué trámite concreto motivó la copia.

Marchena Secreta ya había recorrido esta relación entre patronazgo y construcción en «Cuando la Reina agilizó la construcción del convento de Santo Domingo de Marchena». La ficha archivística permite precisar que la soberana de la provisión de 1535 fue Isabel de Portugal. La historia anterior del establecimiento puede seguirse en nuestro reportaje sobre Bartolomé Sánchez Bonilla.

La economía cotidiana aparece con especial claridad el 13 de abril de 1685. Los priores y religiosos pidieron autorización para tomar un censo sobre sus bienes porque necesitaban trigo, carne y ganado para su labor. Así lo describe PARES en OSUNA,C.31,D.15. Tras los nombres solemnes y las escrituras había una comunidad que debía alimentarse y sostener su explotación. El crédito formaba parte de esa necesidad.

Otra unidad del mismo archivo muestra al convento en la posición contraria. En OSUNA,C.1589,D.1-57, el documento primero registra pagos de réditos a favor de San Pedro Mártir contra el Estado de Arcos entre 1740 y 1788. Conviene distinguir ambos negocios: la dotación fundacional y los censos no deben confundirse como si fueran una única deuda. El conjunto reúne 57 documentos sobre distintos acreedores; no son 57 documentos dedicados a Santo Domingo.

La transformación urbana llegó al corralón. El Archivo Histórico Municipal de Marchena explica que el Ayuntamiento encargó en febrero de 1840 el proyecto de plaza de abastos a Hipólito Jiménez y Juan Manuel Buendía. Los planos se presentaron el 4 de marzo para aquel espacio situado entre las calles San Pedro y Santo Domingo. El estudio de Juan Antonio Arenillas Torrejón reproduce la declaración de reconocimiento, conservada en las Actas Capitulares, libro 25, sin foliar.

Fue el corralón el que acogió el mercado. La iglesia conservada tiene su propia continuidad: la información municipal de Turismo de Marchena recuerda su origen dominico y su función de mausoleo de los Ponce de León, además de las dependencias conventuales que permanecen. La calle reúne así usos distintos de un mismo pasado: culto, memoria funeraria, vivienda conventual y abastecimiento.

La reclamación de 1836 añade una pieza a esa historia. Cuando cambió el destino del edificio, los antiguos contratos seguían necesitando interpretación. Las escrituras permiten acercarse a esa transición sin dar por resuelto lo que todavía no consta en los documentos consultados.

Más reportajes de nuestro archivo sobre Santo Domingo y su patrimonio

La historia del conjunto puede ampliarse con el estudio de su cancel y sus símbolos, el reportaje sobre sus pinturas murales, la cripta bajo el presbiterio y los sepulcros ducales de los Ponce de León.

Completan este recorrido la Virgen del Rosario y el legado dominico, la investigación sobre Domingo de Baltanás, el documento sobre un enterramiento de conversos de 1525 y los azulejos que enlazan Marchena y Chipiona.

Sobre la dispersión patrimonial del siglo XIX publicamos el traslado de pinturas marcheneras al Museo de Bellas Artes y las primeras advertencias sobre la destrucción del patrimonio local. La memoria devocional continúa en el reportaje sobre Cristóbal Ramos y la Virgen del Rosario y en la cobertura del tricentenario del voto de la villa.

Entre reformas académicas, lecturas compartidas y debates fuera de las aulas, Osuna participó en la renovación intelectual de Andalucía. Miguel Benito Ortega, Manuel María de Arjona, Antonio García y García y Blanco White permiten reconstruir una historia de conocimiento, poder y cambio social.

La Ilustración no llegó a Osuna como una luz que se encendiera de repente. Fue abriéndose paso entre las enseñanzas heredadas, las inquietudes de algunos profesores y las conversaciones que continuaban fuera de la universidad. Mientras la institución intentaba conservar su existencia, parte de su entorno intelectual buscaba renovar la cultura y discutir las ideas que circulaban por Europa.

Ese doble movimiento hace especialmente interesante su historia. La Universidad de Osuna fue una institución del Antiguo Régimen en cuyo entorno también encontraron espacio personas que cuestionaban algunos de sus fundamentos.

Una fundación renacentista ante las preguntas del siglo XVIII

El Colegio-Universidad nació en 1548 por iniciativa de Juan Téllez-Girón, IV conde de Ureña, con autorización pontificia. Su origen pertenece al humanismo renacentista, dos siglos antes del momento ilustrado. La formación jurídica, médica y religiosa respondía a las necesidades de una sociedad organizada alrededor de la Iglesia, la monarquía y los privilegios estamentales.

Durante el XVIII cobró fuerza otra manera de valorar la enseñanza: su utilidad para mejorar la sociedad, la importancia del conocimiento científico y la necesidad de revisar métodos e instituciones. Aquello planteaba una cuestión incómoda: ¿bastaba con conservar las cátedras y conceder títulos, o había que transformar lo que se enseñaba y cómo se administraba?

Miguel Benito Ortega: reformar para sobrevivir

Una figura decisiva fue Miguel Benito Ortega Cobo, antiguo rector y visitador encargado de reorganizar el centro.

Los investigadores Jesús D. López-Manjón y Fernando Gutiérrez-Hidalgo han estudiado su intervención a partir de documentación del archivo universitario. Ortega preparó nuevas constituciones para el Colegio y la Universidad, aprobadas respectivamente en 1775 y 1777, con las que intentó adaptar la institución a las exigencias del reformismo ilustrado.

La transformación afectaba a los requisitos académicos y a la administración económica. Ordenar las cuentas también formaba parte del cambio: una universidad necesitaba justificar su funcionamiento y disponer de recursos para sostenerlo.

Sin embargo, los autores concluyen que la aplicación de aquellas normas fue breve e incompleta. El caso permite observar la distancia que puede existir entre aprobar una reforma y conseguir que cambien las prácticas cotidianas.

Manuel María de Arjona: las ideas viajaban con las personas

Manuel María de Arjona y Cubas, nacido en Osuna en 1771, representa la dimensión literaria y educativa de aquella renovación. Sacerdote, poeta y promotor de academias, conectó distintos ambientes intelectuales andaluces.

Su relación con Osuna continuó en una trayectoria desarrollada también en Sevilla y Córdoba. Las academias y tertulias que impulsó o frecuentó permitían compartir lecturas, comentar textos y establecer relaciones más allá de las estructuras docentes.

El estudio de Luis Palacios Bañuelos destaca su confianza en la educación como instrumento de transformación, así como su participación en iniciativas pedagógicas y culturales. Arjona encarna, además, una realidad que desaconseja simplificar el periodo: un eclesiástico podía participar activamente en proyectos de renovación intelectual.

Antonio García y García: del aula a la vida pública

Entre los personajes menos conocidos destaca Antonio García y García (1765–1841), médico y profesor, padre del posterior hebraísta Antonio María García Blanco.

La investigación de Francisco Luis Díaz Torrejón documenta que obtuvo la cátedra de Filosofía de Osuna en 1788. Su trayectoria reunió enseñanza, ejercicio de la medicina e interés por las ideas reformistas, hasta llegar a ser elegido diputado en 1820.

El mismo estudio identifica un círculo de profesores inquietos en el que aparecen fray Manuel José de Flores, Manuel Aranza de Aguirre y José Delgado, junto a Arjona y García. También recoge reuniones y contactos con intelectuales que llegaban desde Sevilla.

La renovación no dependía únicamente de un gran nombre. Existía una red de relaciones que permitía que las lecturas y las discusiones circularan entre aulas, domicilios y espacios religiosos.

Blanco White: un vínculo universitario que exige precisión

José María Blanco White figura entre los nombres vinculados a la antigua Universidad de Osuna. Su relación académica incluye la obtención del grado de licenciado en Teología.

Conviene distinguir esa vinculación de la trayectoria de quienes enseñaron durante años en sus cátedras: obtener un título en una universidad no equivale a desarrollar allí toda la formación o la actividad intelectual.

Su presencia en esta historia ayuda a situar Osuna dentro de un espacio cultural más amplio, conectado con Sevilla y con personas cuyas trayectorias desbordaron después las fronteras españolas.

Las ideas también necesitaban espacios fuera de la universidad

La historia de estos personajes permite reconocer una cuestión de fondo: el conocimiento circulaba por instituciones oficiales y por relaciones personales.

Las tertulias y academias ofrecían oportunidades para leer y conversar con mayor flexibilidad. En ese entorno, enseñar, investigar y discutir podían convertirse en formas de intervenir en la sociedad.

Sin embargo, no conviene proyectar sobre aquellos grupos una apertura equivalente a la actual. La renovación intelectual convivía con una sociedad profundamente desigual. La existencia de personas reformistas tampoco convierte a toda la universidad en una institución ilustrada y homogénea.

Un patrimonio que conserva la memoria del debate

La antigua universidad terminó cerrando definitivamente en 1824, después de atravesar reformas y las alteraciones de la Guerra de la Independencia. Su edificio conserva una memoria que va más allá de la arquitectura: en el antiguo espacio de biblioteca y salón de actos se reúne una galería de personajes vinculados a su historia. Entre ellos figura un retrato de Arjona fechado en 1869.

Mirar hoy ese patrimonio permite plantear preguntas que siguen abiertas: quién puede estudiar, qué conocimientos se consideran útiles, cómo se financia la enseñanza y cuánto espacio existe para revisar las ideas recibidas.

La aportación de Osuna al Siglo de las Luces se reconoce en esas tensiones y en las personas que intentaron transformarlas. Sus aulas y sus círculos intelectuales fueron parte del escenario andaluz donde empezó a discutirse cómo debía ser una sociedad educada.

Fotografía: CarlosVdeHabsburgo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Imagen de diciembre de 2024, redimensionada.

Fuentes consultadas

• Manuel Antonio Ramos Suárez: Universidad de Osuna, proyecto Identidad e Imagen de Andalucía en la Edad Moderna, Universidad de Almería.
• Jesús D. López-Manjón y Fernando Gutiérrez-Hidalgo: El papel de los agentes en la reforma contable ante el cambio institucional: el caso del Colegio Universitario de Osuna (1775–1824), Revista de Contabilidad, 2023.
• Luis Palacios Bañuelos: estudio sobre Manuel María de Arjona, Boletín de la Real Academia de Córdoba, 1992.
• Fundación Municipios Pablo de Olavide: Vida y obra de un sacerdote ilustrado ursaonés. Manuel María de Arjona y Cubas (1771–1820).
• Francisco Luis Díaz Torrejón: Antonio García y García (1765–1841): catedrático, médico y diputado en Cortes, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, 2023, pp. 15–23.
• Alfonso Pozo Ruiz: La antigua Universidad de Osuna, Universidad de Sevilla.
• Decreto 346/2004: declaración del Colegio-Universidad como Bien de Interés Cultural, inventario de bienes y retrato de Arjona.

Cuando llega noviembre, el barrio de San Juan permite acercarse a una Marchena que pensaba a diario en la muerte, el destino del alma y la memoria de los ausentes. Una nueva ruta de Marchena Secreta propone recorrer durante dos horas sus calles, la plaza Ducal y el entorno de la Mota siguiendo reglas de hermandad, padrones y documentos de conventos y donaciones.

El misterio de este paseo está en las preguntas que dejaron aquellos vecinos: quién acompañaba a un difunto pobre, por qué se pagaban misas por los muertos, qué valor se atribuía a una reliquia o cómo podía un nombre quedar marcado durante generaciones. Son cuestiones que acercan la vida espiritual a la economía, la asistencia y el poder. El recorrido se hace por exteriores y permanece dentro del barrio de San Juan.

San Juan: una regla para acordarse de los muertos

La primera parada se sitúa en la plaza de San Juan. El reportaje de Marchena Secreta sobre las hermandades de Ánimas recoge la reorganización de la de esta parroquia en 1584 y la vincula a Juan Fajardo y a Sebastián de Heredia. También reproduce una cláusula de sus reglas que ordenaba celebrar una función por las almas del purgatorio en la octava de Todos los Santos, con misa, ministros y sermón sufragados por la hermandad.

Ese precepto explica por qué noviembre tenía un peso especial en la vida parroquial. La memoria de los difuntos se organizaba y se pagaba. Había responsables, obligaciones y recursos. Las creencias sobre el purgatorio pertenecen a aquel marco religioso; la regla testimonia que existía una práctica de culto, no demuestra la aparición de un alma.

La documentación divulgada permite hablar asimismo de limosnas y de patrimonio. La ayuda a los muertos convivía con la atención a los vivos y con la necesidad de sostener las celebraciones. La parroquia deja de ser únicamente un edificio monumental y aparece como centro de una comunidad que intentaba dar continuidad a sus vínculos más allá de la muerte. Consultar la regla de Ánimas reproducida y el estudio de la hermandad.

La memoria que protege y la memoria que señala

Sin abandonar el entorno de San Juan, la ruta cambia de pregunta. Recordar podía ser un acto de afecto, pero también un mecanismo de castigo. La relación de reconciliados de finales del siglo XV publicada en esta web a partir del trabajo de Juan Gil reúne nombres, parentescos y pagos exigidos a familias marcheneras.

El artículo explica el papel de los sambenitos y de su exposición parroquial en la prolongación de la deshonra sobre los descendientes. Esta parada aborda aquella cultura de la vergüenza pública sin representar un auto de fe ni atribuir una ejecución a la plaza. Tampoco convierte una acusación inquisitorial en prueba de que la persona acusada practicase realmente aquello que se le imputaba.

El documento puede leerse desde una pregunta cercana: qué le ocurre a una familia cuando la comunidad la conoce por una condena. Es una de las dimensiones más inquietantes del pasado, porque el miedo no necesitaba una aparición para resultar eficaz. Nombres y familias en la relación recogida de Juan Gil.

San Francisco: el sonido que organizaba el barrio

El paseo sigue por Padre Marchena y el entorno de San Francisco. El padrón de 1713 estudiado por Marchena Secreta sitúa en el barrio a músicos de la capilla de San Juan, a su maestro Juan Ignacio de Morales y a un campanero de la iglesia mayor, Alonso Begines. El organista Francisco Madroñal aparece en la calle Huéscar.

La fuente permite imaginar el barrio como un espacio sonoro, pero obliga a distinguir lo que sabemos de lo que reconstruimos: el padrón da nombres, oficios y calles; no conserva una grabación ni indica la melodía que acompañó cada entierro. La explicación conecta esos oficios con la importancia de las señales religiosas en la vida colectiva, sin inventar un toque local concreto.

La música y las campanas formaban parte del modo en que una comunidad se reconocía. Leer los nombres de quienes las hacían sonar añade una escala humana al paisaje que todavía vemos. Los moradores y oficios del barrio en 1713.

Plaza Ducal: cuando un cuerpo era objeto de un acuerdo

En la plaza Ducal se presenta un episodio documental relacionado con sor María de la Antigua. Un reportaje de esta web recoge las escrituras de capitulación sobre la cesión a los duques de los derechos sobre su cuerpo, entonces depositado en el convento de la Merced de Lora. La referencia publicada sitúa dos copias de aquellas escrituras en el Fondo Osuna y las fecha el 15 de junio de 1632.

El relato permite comprender hasta qué punto los restos de una religiosa podían adquirir valor devocional y protagonizar negociaciones institucionales. Lo documentado es la cesión de derechos que describe la fuente; de ella no debe deducirse que en la plaza hubiese una tumba suya ni que la operación pruebe un milagro. La parada se realiza aquí para explicar el papel de la casa ducal dentro del barrio, no para señalar el lugar de su muerte.

La referencia archivística general publicada es OSUNA, C.171, D.11-29. Como ese conjunto reúne piezas de naturaleza y cronología diferentes, interesa conservar también la descripción y la fecha del documento, en vez de citar el rango como si fuese una sola escritura. Las capitulaciones recogidas en el reportaje sobre la orden franciscana.

La Mota: reliquias, documentos y deseo de protección

La subida al entorno de Santa María conduce a otra forma de relacionarse con lo invisible. Las investigaciones sobre Guadalupe Láncaster y su hijo Joaquín Ponce de León describen la llegada al convento de reliquias, pinturas y objetos devocionales. El artículo dedicado a estas donaciones recoge una entrega de 1709 relacionada con una reliquia atribuida a san Vicente Mártir y documentación posterior sobre la recepción de bienes.

El interés histórico está en la atribución religiosa, en la circulación del objeto y en los papeles que acompañaban su custodia. Un certificado de autenticidad revela qué se aceptaba y veneraba en su tiempo; no equivale a una comprobación científica moderna del origen de una pieza. La ruta explica esa diferencia con respeto a la devoción.

También importa el lugar donde acababan los bienes. El convento era un espacio de culto y de conservación, y las condiciones de las entregas buscaban que ciertos objetos permanecieran allí. La explicación se desarrolla desde el exterior, con las imágenes de archivo como apoyo; la compra de la visita no promete la apertura de relicarios ni acceso a la clausura. Consultar las donaciones y las transcripciones publicadas.

Santa María: dónde termina el documento y empieza la creencia

El cierre propone volver sobre lo visto. Las reglas organizan oraciones; los padrones identifican vecinos; las escrituras fijan derechos y obligaciones; los inventarios describen bienes. Cada documento responde a una pregunta distinta. Leídos juntos muestran un barrio donde el mundo material y el espiritual estaban estrechamente relacionados.

En la Mota, el visitante puede distinguir la presencia de una comunidad religiosa, la memoria de sus benefactores y los relatos de fe que daban sentido a sus objetos. El patrimonio conserva esas creencias aunque quienes lo recorren hoy no las compartan. Esa distancia permite escuchar las historias sin convertirlas en sucesos sobrenaturales demostrados.

Es una ruta especialmente adecuada para acercarse al 1 de noviembre: una invitación a entender cómo Marchena recordaba a sus muertos y cómo las instituciones religiosas y señoriales administraban parte de esa memoria.

Dos horas, seis momentos y un único barrio

Salida en la plaza de San Juan Bautista, junto a la parroquia, y final en el entorno de Santa María de la Mota. La distribución prevista, con los desplazamientos incluidos, dedica 20 minutos a las Ánimas, 20 a la memoria inquisitorial en el entorno parroquial, 20 al padrón y los oficios sonoros en Padre Marchena y San Francisco, 20 a la plaza Ducal y las capitulaciones de 1632, 20 a las donaciones y reliquias en la Mota y 20 al cierre ante Santa María. No se visitan Santo Domingo, San Agustín, La Milagrosa ni otros lugares fuera del barrio.

El precio es de 15 euros por persona, con guía en español y duración aproximada de dos horas. Puede solicitarse para el 1 de noviembre u otros días, con fecha y hora sujetas a confirmación. El recorrido base es por exteriores; no incluye entradas a templos, criptas o clausuras. Hay pendientes y pavimento irregular.

Fuentes para ampliar: reglas de la Hermandad de Ánimas de San Juan transcritas en Marchena Secreta; padrón de 1713 estudiado en esta web; Juan Gil, Los conversos y la Inquisición sevillana, vol. VII (2003), a través de la relación publicada; capitulaciones de 1632 y documentación del Fondo Osuna sobre el convento y las donaciones de los Láncaster. Los enlaces de cada apartado permiten ampliar la lectura en los reportajes y transcripciones ya publicados.