La formación critica que el Ayuntamiento mantenga cerrada la instalación hasta el 1 de julio pese a las altas temperaturas y reclama más previsión en los servicios públicos de verano.

Adelante Andalucía La Puebla de Cazalla ha denunciado la decisión del Ayuntamiento de retrasar la apertura de la piscina municipal hasta el próximo 1 de julio, una medida que, según la formación, “desoye una demanda vecinal evidente” en plena subida de las temperaturas.

El grupo considera que la piscina municipal no debe entenderse únicamente como un espacio de ocio, sino como un servicio público esencial durante los meses de calor, especialmente para familias, jóvenes, personas mayores y vecinos que no disponen de otras alternativas para refrescarse.

Desde Adelante Andalucía recuerdan que ya habían reclamado la apertura de la piscina desde el 1 de junio, adaptando el calendario municipal a la realidad climática actual. “Con las temperaturas que estamos sufriendo, dar la espalda a esta necesidad es inadmisible. La piscina es también un refugio climático para muchas familias del pueblo”, señalan.

La formación vincula este retraso a lo que considera “una preocupante falta de previsión” por parte del equipo de gobierno, y critica también la ausencia de otras medidas básicas para proteger a la ciudadanía del calor, como la colocación de toldos en espacios públicos.

“Retrasar un mes la apertura de la piscina municipal, igual que no tener preparados los toldos, demuestra insensibilidad hacia las necesidades reales de los vecinos”, afirman desde Adelante Andalucía, que acusa al Ayuntamiento de actuar con “inacción y prepotencia” al no escuchar las demandas ciudadanas.

Adelante Andalucía exige al equipo de gobierno que rectifique, adelante la apertura siempre que sea técnicamente posible y asuma responsabilidades por lo que califica como “una nefasta gestión de los servicios públicos en pleno inicio del verano”.

“Gobernar no es mirar el calendario como si el calor esperara permiso administrativo. Gobernar es anticiparse, escuchar al pueblo y poner los servicios públicos al servicio de la gente cuando la gente los necesita”, concluye la formación.

Adelante Andalucía defiende unos servicios públicos de calidad, una planificación municipal adaptada al cambio climático y un Ayuntamiento que escuche de verdad a sus vecinos.

En 1804 Marchena no pasó hambre de golpe. El hambre fue entrando despacio, como una humedad mala por debajo de las puertas. Venía de lejos: de los gastos extraordinarios provocados por la fiebre amarilla de 1800, de la ayuda que la propia villa había enviado a Sevilla —600 fanegas de trigo y 10.000 reales—, de las malas cosechas de 1803 y de una economía local sostenida sobre el cereal, el jornal y la obediencia a un orden señorial que empezaba a mostrar sus costuras.

España vivía bajo el reinado de Carlos IV, con Manuel Godoy como figura política dominante, en una monarquía cada vez más atrapada entre la Francia napoleónica y Gran Bretaña. El país no estaba todavía en la Guerra de la Independencia —faltaban cuatro años para 1808—, pero ya caminaba por un suelo agrietado: deuda, presión fiscal, malas cosechas, epidemias, comercio alterado y un sistema municipal obligado a apagar incendios con cubos vacíos.

La crisis de subsistencias de 1803-1805 fue una de las más duras de la España de comienzos del siglo XIX. Los estudios sobre los precios del cereal señalan que la carestía de 1803/1804 y 1804/1805 partió de una situación previa ya muy tensionada: el trigo llevaba años encareciéndose, y la subida alcanzó niveles excepcionales. La Real Academia de la Historia ha destacado que la crisis de 1803-1805 fue un fenómeno muy marcado en España, sin equivalentes tan intensos en otros territorios europeos en esos mismos años.

A esa crisis agrícola se sumó otro enemigo: la fiebre amarilla. Andalucía había sufrido el gran golpe epidémico de 1800, con especial incidencia en Cádiz y Sevilla, y los brotes volvieron en los años siguientes. Los estudios sobre la fiebre amarilla en Andalucía indican que en 1804 hubo un nuevo brote, más virulento que el anterior, coincidiendo además con una crisis agrícola de gran calado.

El dato más duro cabe en una hogaza. La fanega de trigo llegó a dispararse hasta los 240 reales y una hogaza de pan de dos libras —menos de un kilo— superó los cuatro reales, una cantidad equivalente al jornal diario de un bracero. Es decir: un trabajador podía gastar todo lo ganado en un solo pan. No en carne, no en aceite, no en vino, no en lumbre. En pan.

La cosecha que no llegó

El Cabildo vio venir el desastre en mayo. El día 7, el diputado del común don Andrés Echenique y el síndico personero promovieron un expediente para asegurar trigo destinado al abasto público. Las medidas fueron tajantes: se prohibió a cosecheros y dueños de grano sacar trigo de la población o venderlo a forasteros; se les obligó a declarar sus existencias en el plazo de dos días; y se autorizó el reconocimiento de casas y graneros cuando hubiese sospecha de ocultación o fraude.

El trigo debía ir al pan diario de los vecinos, no al negocio de quienes pudieran vender más caro fuera. El Ayuntamiento quiso convertir el término municipal en una despensa vigilada.

El 29 de mayo la decisión se endureció aún más: el Ayuntamiento acordó comunicar al Real y Supremo Consejo de Castilla que intervendría y retendría todo el trigo recolectado en la cosecha, vendiéndolo a precio corriente exclusivamente para el pan del pueblo. Los forasteros quedaban fuera del comercio local del grano.

Aquello no era solo economía. Era orden público. Cuando falta el pan, la calle cambia de sonido. Ya no suenan igual las campanas, ni los carros, ni las voces en la plaza. El hambre convierte cualquier esquina en una pregunta: quién tiene trigo, quién lo esconde, quién lo vende, quién lo protege.

Jornaleros sin jornal

La crisis golpeó primero a los más frágiles: los jornaleros. Las lluvias intensas habían dejado sin trabajo a muchos pobres, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a obras públicas y a limosnas de vecinos pudientes para socorrerlos.

Esta es una de las claves del reportaje: no hablamos solo de una subida de precios, sino de una sociedad en la que miles de personas dependían de trabajar cada día para comer ese mismo día. Sin cosecha no había jornal; sin jornal no había pan; sin pan, la autoridad temía el desorden.

Por eso el hambre de 1804 no puede contarse como una simple “crisis agrícola”. Fue una crisis total: de producción, de abastecimiento, de crédito, de beneficencia, de poder municipal y de confianza.

La Junta de Abastos: mandar sobre el trigo

El 4 de junio se creó una Junta de Abastos para hacer frente a la continua escasez de granos. Participaron el asistente don Agustín Barrera, los alcaldes ordinarios don Juan Manuel Montiel y don Antonio Leguey, el síndico personero don Diego Villalón, y los diputados del común don Andrés Echenique y don Manuel Sáenz de Tejada.

Su primera preocupación fue el Pósito, institución fundamental en épocas de escasez. El Pósito debía servir para prestar grano a los labradores y estabilizar el abastecimiento, pero en 1804 estaba prácticamente sin recursos. El Ayuntamiento pidió que se suspendiera la cobranza de deudas a los labradores, porque la ruina hacía imposible exigir pagos ese año.

Aquí aparece una paradoja amarga: Marchena había prestado antes dinero y trigo a instancias superiores, pero cuando necesitó ayuda, aquello no volvió. El Ayuntamiento reclamó cantidades que, según la documentación, sumaban 351.984 reales y 19 maravedíes en reintegros pendientes. Si ese dinero hubiese regresado, el Pósito habría podido comprar trigo al contado, que era la única forma eficaz de acopiar grano en tiempos de escasez.

El Consejo de Castilla reconoció esas cantidades, pero no las devolvió. Lo que sí concedió fue suspender por ese año los apremios contra los labradores deudores del Pósito. Fue alivio, pero no solución.

La “paternal benignidad” del duque

En julio apareció una esperanza con sello nobiliario. El duque de Osuna y Arcos, don Pedro de Alcántara Téllez Girón y Pacheco, escribió desde Madrid mostrando su preocupación por la escasez de granos en la provincia de Sevilla. Planteó traer trigo del extranjero al puerto más inmediato para surtir de pan a sus pueblos a precios más equitativos.

Pero la esperanza duró poco. El propio duque reconoció después que la cantidad necesaria para atender a todos los pueblos de sus estados era “portentosa” y que su valor ascendía a muchos millones de reales, una suma que no podían afrontar sus finanzas ni las de ningún particular. Recomendó entonces que los ayuntamientos formasen fondos locales y juntas de beneficencia para comprar granos.

Dicho en claro: el señor jurisdiccional mostraba compasión, pero quería cobrar. El Ayuntamiento respondió que sus propios apenas alcanzaban para pagar salarios, que el Pósito no tenía dinero ni trigo suficiente y que solo quedaba acudir a los vecinos pudientes para formar un fondo de entre 150.000 y 200.000 reales.

Los ricos abren la bolsa

El 11 de agosto comenzó a funcionar la Junta de Beneficencia. Se reunieron el asistente, los alcaldes, el vicario don Joseph Guerrero de Ahumada, don Sebastián de Morales y Palma, don Joseph Antonio Díez de la Cortina, don Manuel Diosdado, don Diego Vergara, don Joseph Antonio Montiel y don Andrés Uruñuela. Todos se ofrecieron a constituir un fondo para comprar trigo destinado al pan del vecindario.

Las aportaciones fueron importantes: el vicario dio 15.000 reales; Sebastián de Morales y Palma, otros 15.000; Díez de la Cortina, 22.000; Manuel Diosdado, 22.000; Diego Vergara, 2.000; Joseph Antonio Montiel, 15.000; Andrés de Uruñuela, 5.000; y Antonio Leguey, en nombre de Miguel Ponze Navarro, 15.000. El asistente ofreció incluso alhajas de plata de su propiedad. En total, se reunieron 111.000 reales.

El 20 de agosto se mandó pregonar que cualquier vecino o forastero que quisiera vender trigo a precio corriente acudiera a don Sebastián de Morales y Palma, nombrado depositario del fondo. El hambre empezaba a tener contabilidad, nombres propios y recibos.

La compra del trigo ducal

La negociación con la Casa Ducal fue un tira y afloja. Finalmente, el asistente y don Joseph Antonio alcanzaron un acuerdo con el apoderado ducal: se compró una primera partida de 1.300 fanegas de trigo para entrega inmediata y otra de 1.200 fanegas que debía llegar a Marchena entre quince y veinte días después. Para pagar, se comisionó a don Juan Ternero, que debía trasladar a Sevilla 90.000 reales con la custodia correspondiente.

Pero en noviembre todo volvió a complicarse. Se solicitaron 2.000 fanegas más, aunque la Junta de Beneficencia ya había agotado sus fondos. El duque quería cobrar, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un doloroso repartimiento entre los vecinos contribuyentes.

La escena resume bien el drama: el pueblo necesitaba pan; el Ayuntamiento necesitaba trigo; el duque exigía pago; los pudientes prestaban dinero; los pobres esperaban. En medio, el Cabildo hacía de equilibrista sobre una cuerda de harina.

Los horneros protestan

La crisis llegó también a quienes trabajaban el pan. El 13 de diciembre de 1804 protestaron los horneros y atahoneros de la villa: Felipe Rodríguez, Juan de Atoche, Juan de Herrera, Francisco García, Jerónimo Poleo, Manuel García “El Pelao” y Juan Lebrón. Se quejaban de que el Cabildo les permitía cobrar solo una hogaza de dos libras por cada fanega de pan cocido, cuando antes recibían dos. Alegaban que así no cubrían los gastos de cocción.

El Ayuntamiento no cedió. Ordenó que los molineros continuaran con sus maquilas, que los horneros cobrasen una sola hogaza por fanega de trigo y que los panaderos no pudieran vender la hogaza de pan común por encima de 28 cuartos. Quien incumpliera sería castigado con cuatro ducados de multa y ocho días de cárcel. Los edictos debían fijarse en lugares concurridos, como los Cantillos de San Pedro y las puertas de las carnicerías.

Ahí está el pulso más humano del reportaje. Los horneros no eran grandes especuladores; también peleaban por sobrevivir. Pero el Ayuntamiento sabía que, si el precio del pan seguía subiendo, la villa podía arder sin necesidad de pólvora.

Madrid, Sevilla y Marchena

Mientras Marchena luchaba por su pan, las autoridades superiores tenían otras prioridades. El Supremo Consejo de Castilla facilitaba el abastecimiento de la Corte, y desde Sevilla se ordenaba no impedir a los trajinantes comprar trigo para la capital, que también sufría escasez. Además, en septiembre de 1804 se comunicó la obtención de un salvoconducto del Gabinete inglés para evitar la detención de barcos que venían del extranjero cargados de grano hacia España.

El eco de 1805

La hambruna no terminó con el año. En enero de 1805, el Cabildo seguía preocupado por los jornaleros y sus familias, que mendigaban por el pueblo y amenazaban con desórdenes empujados por el hambre. Se acordó formar una lista de jornaleros y repartirlos entre labradores, pegujaleros y arrendadores de tierras, obligando a cada propietario a mantener cierto número de trabajadores con siete reales secos o con tres libras de pan y tres reales.

Durante los primeros meses de 1805, el trigo comprado, requisado a ocultadores o adquirido al duque fue almacenado en el Pósito y en la Cilla eclesiástica. Desde allí se despachaba diariamente a los atahoneros al precio de 160 reales la fanega. La intervención municipal consiguió rebajar la tensión, y en mayo de 1805 se consideró que la abundancia de trigo permitía disolver la Junta de Beneficencia.

Pero el daño ya estaba hecho. La Marchena de 1804 había aprendido que el pan podía convertirse en frontera: entre quien tenía y quien no, entre el vecino y el forastero, entre la caridad y el negocio, entre el poder señorial y la necesidad popular.

Saber más

Fuente principal: José Alcaide Villalobos, Marchena siglo XIX. Decadencia, guerra y revolución. Marchena 1800-1833. Tomo I, especialmente el capítulo “La hambruna. Marchena, año 1804” y los apartados relacionados con la crisis de abastecimiento de 1805.

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Sevilla por su presunta participación en un delito de receptación dentro de la denominada Operación Zoco, una investigación centrada en la venta de prendas procedentes presuntamente de delitos contra la propiedad.

La actuación ha sido desarrollada por agentes especializados en hurtos y ha permitido intervenir alrededor de 15.000 prendas de ropa que estaban siendo comercializadas en varios puestos de un mercadillo de la capital hispalense. Según la información policial, el valor estimado de la mercancía podría alcanzar los 450.000 euros.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran la venta en mercadillos de la provincia de prendas de temporada que, presuntamente, procedían de delitos contra el patrimonio. Se trataba de ropa destinada inicialmente a su distribución por los canales legales de comercialización de conocidas compañías del sector textil.

Un dispositivo en el mercadillo del Parque Alcosa

Las pesquisas permitieron centrar la atención en varios puestos del mercadillo del Parque Alcosa, donde supuestamente se estaba ofreciendo esta mercancía al público. A partir de ahí, la Policía Nacional organizó un dispositivo específico para comprobar el origen de las prendas y actuar sobre los puntos de venta investigados.

La operación culminó con la intervención de miles de artículos textiles y la detención de seis personas que regentaban los puestos señalados por los investigadores. La mercancía fue localizada tanto en los propios espacios de venta como en vehículos utilizados por los investigados.

Durante la actuación, los agentes encontraron además diversos elementos vinculados al proceso de distribución y comercialización de las prendas. Entre ellos figuraban perchas, embalajes de transporte y dispositivos de seguridad manipulados, indicios que, según la Policía Nacional, reforzaban la hipótesis de que la mercancía procedía de hechos delictivos.

La investigación sigue abierta

Los investigados no pudieron acreditar la procedencia legal de las prendas intervenidas, según la información facilitada por la Policía Nacional. Tras su detención, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y quedaron posteriormente en libertad con cargos.

La Operación Zoco no se da por cerrada. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la Policía Nacional no descarta que puedan producirse nuevas detenciones en relación con la red de distribución y venta de esta mercancía.

El golpe policial deja una cifra especialmente llamativa: unas 15.000 prendas intervenidas y un valor que podría superar los 450.000 euros. Una actuación que pone el foco en la venta de artículos en canales no autorizados y en la necesidad de acreditar el origen legal de los productos que llegan al consumidor.

La Biblioteca Pública Municipal José Fernando Alcaide Aguilar de Marchena acogerá el martes 30 de junio, a las 10:00 horas, la charla “¿Y si desapareciera todo? La importancia de conservar nuestro patrimonio cultural”, una actividad divulgativa impartida por Laura Carmona Martín, graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La cita se celebrará en el salón de actos de la biblioteca, situada en la calle Milagrosa, 1, y está organizada por el Servicio de Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Marchena y la Oficina de Turismo de Marchena.

La propuesta parte de una pregunta directa y necesaria: qué ocurriría si el patrimonio que vemos cada día, las iglesias, murallas, imágenes, archivos, pinturas, retablos, calles históricas y memorias colectivas, desapareciera por abandono, deterioro o falta de conciencia social. Bajo el lema “Descubrir, valorar, conservar”, la actividad busca acercar al público la importancia de la conservación preventiva y del conocimiento ciudadano como primera forma de protección.

El contexto en Marchena da especial sentido a esta convocatoria. La ciudad cuenta con un conjunto histórico inscrito como Bien de Interés Cultural, según el Decreto 56/2010 de la Junta de Andalucía, que concreta la delimitación del Conjunto Histórico de la Ciudad de Marchena, aprobado inicialmente por Decreto 651/1966. La propia norma destaca la presencia de numerosos inmuebles de interés histórico, arquitectónico y artístico vinculados a la expansión urbana entre los siglos XV y XVIII.

La Oficina de Turismo de Marchena subraya también la riqueza patrimonial del municipio, con elementos como la muralla almohade, las iglesias gótico-mudéjares de Santa María y San Juan, el retablo de Alejo Fernández, la custodia de Alfaro, lienzos de Zurbarán, esculturas de Pedro Roldán y edificios vinculados a autores como Hernán Ruiz o Ambrosio de Figueroa.

La charla se enmarca además en una idea recogida por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, que establece como objetivo garantizar la tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión del patrimonio andaluz, promover su uso como bien social y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. La misma ley recuerda que los municipios deben colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes patrimoniales de su término municipal, así como darlos a conocer.

En ese sentido, la actividad no se plantea solo como una charla técnica, sino como una llamada a mirar Marchena con más responsabilidad. Conservar no consiste únicamente en restaurar cuando el daño ya se ha producido. También implica conocer, documentar, limpiar, vigilar, evitar intervenciones inadecuadas, denunciar riesgos y comprender que el patrimonio no pertenece solo al pasado, sino también a quienes tendrán que recibirlo en el futuro.

Para más información, la Biblioteca Pública Municipal José Fernando Alcaide Aguilar figura en el directorio oficial de la Junta de Andalucía con teléfono 955 321 010, extensión 165, y correo bibliotecademarchena@gmail.com.

La Biblioteca Pública Municipal José Fernando Alcaide Aguilar de Marchena acogerá el martes 7 de julio, a las 19:30 horas, la charla “Viajar para aprender. 100 países, una vida de experiencias”, a cargo del profesor de inglés, coordinador Erasmus+ y viajero Francisco Javier Cortés Pazos. La actividad se celebrará en la sede de la biblioteca, en calle Milagrosa, 1, y la convocatoria difundida por la Biblioteca Pública de Marchena anuncia la entrada libre.

Marchena abrirá una ventana al mundo el próximo 7 de julio con una propuesta cultural que une educación, viaje y experiencia personal. La charla “Viajar para aprender” tendrá como protagonista a Francisco Javier Cortés Pazos, profesor de inglés, coordinador de Erasmus+ y apasionado viajero, que compartirá con el público una trayectoria marcada por el conocimiento directo de distintos países, culturas y formas de vida.

El encuentro, organizado en el ámbito de la Biblioteca Pública Municipal José Fernando Alcaide Aguilar, parte de una idea sencilla pero poderosa: viajar no es solo desplazarse, sino aprender a mirar. La convocatoria presenta la charla bajo el subtítulo “100 países, una vida de experiencias”, una frase que sitúa el acto más allá del relato turístico y lo acerca al terreno de la formación humana, la educación intercultural y el aprendizaje permanente.

El contexto educativo de la charla conecta directamente con el programa Erasmus+, una de las principales herramientas de la Unión Europea para fomentar la movilidad, la cooperación entre centros escolares y la apertura internacional de alumnado y profesorado. La propia guía oficial de Erasmus+ señala que la movilidad en educación escolar busca ofrecer oportunidades de aprendizaje, apoyar la internacionalización de los centros y reforzar la dimensión europea de la enseñanza mediante la inclusión, la diversidad, el aprendizaje de idiomas y el intercambio de buenas prácticas.

La trayectoria de Cortés Pazos aparece vinculada a ese ámbito internacional. En enero de 2024, la escuela polaca Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej publicó que recibió como experto Erasmus+ al docente del Colegio Santa Isabel de Marchena, Francisco Javier Cortés Pazos, quien impartió talleres para profesorado sobre enseñanza de la ecología, aprendizaje del inglés, pensamiento crítico, integración del alumnado extranjero y ventajas de participar en Erasmus+.

La cita se celebrará en la Biblioteca Pública Municipal de Marchena, un espacio cultural dependiente del sistema andaluz de bibliotecas, cuya ficha oficial de la Junta de Andalucía sitúa en calle Milagrosa, 1, con horario de verano de lunes a viernes por la mañana y por la tarde.

La charla se plantea así como una invitación a entender el viaje como una escuela abierta: una forma de ampliar horizontes, romper prejuicios, conocer otras realidades y traer de vuelta a Marchena una mirada más amplia sobre el mundo.

Fuentes consultadas: cartel de la actividad, Biblioteca Pública de Marchena, Junta de Andalucía, guía oficial Erasmus+ de la Comisión Europea y publicación Erasmus+ de la escuela polaca Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.