En 1804 Marchena no pasó hambre de golpe. El hambre fue entrando despacio, como una humedad mala por debajo de las puertas. Venía de lejos: de los gastos extraordinarios provocados por la fiebre amarilla de 1800, de la ayuda que la propia villa había enviado a Sevilla —600 fanegas de trigo y 10.000 reales—, de las malas cosechas de 1803 y de una economía local sostenida sobre el cereal, el jornal y la obediencia a un orden señorial que empezaba a mostrar sus costuras.

España vivía bajo el reinado de Carlos IV, con Manuel Godoy como figura política dominante, en una monarquía cada vez más atrapada entre la Francia napoleónica y Gran Bretaña. El país no estaba todavía en la Guerra de la Independencia —faltaban cuatro años para 1808—, pero ya caminaba por un suelo agrietado: deuda, presión fiscal, malas cosechas, epidemias, comercio alterado y un sistema municipal obligado a apagar incendios con cubos vacíos.

La crisis de subsistencias de 1803-1805 fue una de las más duras de la España de comienzos del siglo XIX. Los estudios sobre los precios del cereal señalan que la carestía de 1803/1804 y 1804/1805 partió de una situación previa ya muy tensionada: el trigo llevaba años encareciéndose, y la subida alcanzó niveles excepcionales. La Real Academia de la Historia ha destacado que la crisis de 1803-1805 fue un fenómeno muy marcado en España, sin equivalentes tan intensos en otros territorios europeos en esos mismos años.

A esa crisis agrícola se sumó otro enemigo: la fiebre amarilla. Andalucía había sufrido el gran golpe epidémico de 1800, con especial incidencia en Cádiz y Sevilla, y los brotes volvieron en los años siguientes. Los estudios sobre la fiebre amarilla en Andalucía indican que en 1804 hubo un nuevo brote, más virulento que el anterior, coincidiendo además con una crisis agrícola de gran calado.

El dato más duro cabe en una hogaza. La fanega de trigo llegó a dispararse hasta los 240 reales y una hogaza de pan de dos libras —menos de un kilo— superó los cuatro reales, una cantidad equivalente al jornal diario de un bracero. Es decir: un trabajador podía gastar todo lo ganado en un solo pan. No en carne, no en aceite, no en vino, no en lumbre. En pan.

La cosecha que no llegó

El Cabildo vio venir el desastre en mayo. El día 7, el diputado del común don Andrés Echenique y el síndico personero promovieron un expediente para asegurar trigo destinado al abasto público. Las medidas fueron tajantes: se prohibió a cosecheros y dueños de grano sacar trigo de la población o venderlo a forasteros; se les obligó a declarar sus existencias en el plazo de dos días; y se autorizó el reconocimiento de casas y graneros cuando hubiese sospecha de ocultación o fraude.

El trigo debía ir al pan diario de los vecinos, no al negocio de quienes pudieran vender más caro fuera. El Ayuntamiento quiso convertir el término municipal en una despensa vigilada.

El 29 de mayo la decisión se endureció aún más: el Ayuntamiento acordó comunicar al Real y Supremo Consejo de Castilla que intervendría y retendría todo el trigo recolectado en la cosecha, vendiéndolo a precio corriente exclusivamente para el pan del pueblo. Los forasteros quedaban fuera del comercio local del grano.

Aquello no era solo economía. Era orden público. Cuando falta el pan, la calle cambia de sonido. Ya no suenan igual las campanas, ni los carros, ni las voces en la plaza. El hambre convierte cualquier esquina en una pregunta: quién tiene trigo, quién lo esconde, quién lo vende, quién lo protege.

Jornaleros sin jornal

La crisis golpeó primero a los más frágiles: los jornaleros. Las lluvias intensas habían dejado sin trabajo a muchos pobres, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a obras públicas y a limosnas de vecinos pudientes para socorrerlos.

Esta es una de las claves del reportaje: no hablamos solo de una subida de precios, sino de una sociedad en la que miles de personas dependían de trabajar cada día para comer ese mismo día. Sin cosecha no había jornal; sin jornal no había pan; sin pan, la autoridad temía el desorden.

Por eso el hambre de 1804 no puede contarse como una simple “crisis agrícola”. Fue una crisis total: de producción, de abastecimiento, de crédito, de beneficencia, de poder municipal y de confianza.

La Junta de Abastos: mandar sobre el trigo

El 4 de junio se creó una Junta de Abastos para hacer frente a la continua escasez de granos. Participaron el asistente don Agustín Barrera, los alcaldes ordinarios don Juan Manuel Montiel y don Antonio Leguey, el síndico personero don Diego Villalón, y los diputados del común don Andrés Echenique y don Manuel Sáenz de Tejada.

Su primera preocupación fue el Pósito, institución fundamental en épocas de escasez. El Pósito debía servir para prestar grano a los labradores y estabilizar el abastecimiento, pero en 1804 estaba prácticamente sin recursos. El Ayuntamiento pidió que se suspendiera la cobranza de deudas a los labradores, porque la ruina hacía imposible exigir pagos ese año.

Aquí aparece una paradoja amarga: Marchena había prestado antes dinero y trigo a instancias superiores, pero cuando necesitó ayuda, aquello no volvió. El Ayuntamiento reclamó cantidades que, según la documentación, sumaban 351.984 reales y 19 maravedíes en reintegros pendientes. Si ese dinero hubiese regresado, el Pósito habría podido comprar trigo al contado, que era la única forma eficaz de acopiar grano en tiempos de escasez.

El Consejo de Castilla reconoció esas cantidades, pero no las devolvió. Lo que sí concedió fue suspender por ese año los apremios contra los labradores deudores del Pósito. Fue alivio, pero no solución.

La “paternal benignidad” del duque

En julio apareció una esperanza con sello nobiliario. El duque de Osuna y Arcos, don Pedro de Alcántara Téllez Girón y Pacheco, escribió desde Madrid mostrando su preocupación por la escasez de granos en la provincia de Sevilla. Planteó traer trigo del extranjero al puerto más inmediato para surtir de pan a sus pueblos a precios más equitativos.

Pero la esperanza duró poco. El propio duque reconoció después que la cantidad necesaria para atender a todos los pueblos de sus estados era “portentosa” y que su valor ascendía a muchos millones de reales, una suma que no podían afrontar sus finanzas ni las de ningún particular. Recomendó entonces que los ayuntamientos formasen fondos locales y juntas de beneficencia para comprar granos.

Dicho en claro: el señor jurisdiccional mostraba compasión, pero quería cobrar. El Ayuntamiento respondió que sus propios apenas alcanzaban para pagar salarios, que el Pósito no tenía dinero ni trigo suficiente y que solo quedaba acudir a los vecinos pudientes para formar un fondo de entre 150.000 y 200.000 reales.

Los ricos abren la bolsa

El 11 de agosto comenzó a funcionar la Junta de Beneficencia. Se reunieron el asistente, los alcaldes, el vicario don Joseph Guerrero de Ahumada, don Sebastián de Morales y Palma, don Joseph Antonio Díez de la Cortina, don Manuel Diosdado, don Diego Vergara, don Joseph Antonio Montiel y don Andrés Uruñuela. Todos se ofrecieron a constituir un fondo para comprar trigo destinado al pan del vecindario.

Las aportaciones fueron importantes: el vicario dio 15.000 reales; Sebastián de Morales y Palma, otros 15.000; Díez de la Cortina, 22.000; Manuel Diosdado, 22.000; Diego Vergara, 2.000; Joseph Antonio Montiel, 15.000; Andrés de Uruñuela, 5.000; y Antonio Leguey, en nombre de Miguel Ponze Navarro, 15.000. El asistente ofreció incluso alhajas de plata de su propiedad. En total, se reunieron 111.000 reales.

El 20 de agosto se mandó pregonar que cualquier vecino o forastero que quisiera vender trigo a precio corriente acudiera a don Sebastián de Morales y Palma, nombrado depositario del fondo. El hambre empezaba a tener contabilidad, nombres propios y recibos.

La compra del trigo ducal

La negociación con la Casa Ducal fue un tira y afloja. Finalmente, el asistente y don Joseph Antonio alcanzaron un acuerdo con el apoderado ducal: se compró una primera partida de 1.300 fanegas de trigo para entrega inmediata y otra de 1.200 fanegas que debía llegar a Marchena entre quince y veinte días después. Para pagar, se comisionó a don Juan Ternero, que debía trasladar a Sevilla 90.000 reales con la custodia correspondiente.

Pero en noviembre todo volvió a complicarse. Se solicitaron 2.000 fanegas más, aunque la Junta de Beneficencia ya había agotado sus fondos. El duque quería cobrar, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un doloroso repartimiento entre los vecinos contribuyentes.

La escena resume bien el drama: el pueblo necesitaba pan; el Ayuntamiento necesitaba trigo; el duque exigía pago; los pudientes prestaban dinero; los pobres esperaban. En medio, el Cabildo hacía de equilibrista sobre una cuerda de harina.

Los horneros protestan

La crisis llegó también a quienes trabajaban el pan. El 13 de diciembre de 1804 protestaron los horneros y atahoneros de la villa: Felipe Rodríguez, Juan de Atoche, Juan de Herrera, Francisco García, Jerónimo Poleo, Manuel García “El Pelao” y Juan Lebrón. Se quejaban de que el Cabildo les permitía cobrar solo una hogaza de dos libras por cada fanega de pan cocido, cuando antes recibían dos. Alegaban que así no cubrían los gastos de cocción.

El Ayuntamiento no cedió. Ordenó que los molineros continuaran con sus maquilas, que los horneros cobrasen una sola hogaza por fanega de trigo y que los panaderos no pudieran vender la hogaza de pan común por encima de 28 cuartos. Quien incumpliera sería castigado con cuatro ducados de multa y ocho días de cárcel. Los edictos debían fijarse en lugares concurridos, como los Cantillos de San Pedro y las puertas de las carnicerías.

Ahí está el pulso más humano del reportaje. Los horneros no eran grandes especuladores; también peleaban por sobrevivir. Pero el Ayuntamiento sabía que, si el precio del pan seguía subiendo, la villa podía arder sin necesidad de pólvora.

Madrid, Sevilla y Marchena

Mientras Marchena luchaba por su pan, las autoridades superiores tenían otras prioridades. El Supremo Consejo de Castilla facilitaba el abastecimiento de la Corte, y desde Sevilla se ordenaba no impedir a los trajinantes comprar trigo para la capital, que también sufría escasez. Además, en septiembre de 1804 se comunicó la obtención de un salvoconducto del Gabinete inglés para evitar la detención de barcos que venían del extranjero cargados de grano hacia España.

El eco de 1805

La hambruna no terminó con el año. En enero de 1805, el Cabildo seguía preocupado por los jornaleros y sus familias, que mendigaban por el pueblo y amenazaban con desórdenes empujados por el hambre. Se acordó formar una lista de jornaleros y repartirlos entre labradores, pegujaleros y arrendadores de tierras, obligando a cada propietario a mantener cierto número de trabajadores con siete reales secos o con tres libras de pan y tres reales.

Durante los primeros meses de 1805, el trigo comprado, requisado a ocultadores o adquirido al duque fue almacenado en el Pósito y en la Cilla eclesiástica. Desde allí se despachaba diariamente a los atahoneros al precio de 160 reales la fanega. La intervención municipal consiguió rebajar la tensión, y en mayo de 1805 se consideró que la abundancia de trigo permitía disolver la Junta de Beneficencia.

Pero el daño ya estaba hecho. La Marchena de 1804 había aprendido que el pan podía convertirse en frontera: entre quien tenía y quien no, entre el vecino y el forastero, entre la caridad y el negocio, entre el poder señorial y la necesidad popular.

Saber más

Fuente principal: José Alcaide Villalobos, Marchena siglo XIX. Decadencia, guerra y revolución. Marchena 1800-1833. Tomo I, especialmente el capítulo “La hambruna. Marchena, año 1804” y los apartados relacionados con la crisis de abastecimiento de 1805.

“Acatando los muchos e buenos y leales y señalados servicios” de D. Rodrigo “y para siempre jamás”, se le hace “donación de Villaluenga, Ubrique, Benaocaz, y Grazalema, con sus fortalezas y alquerías y vasallos y vecinos y moradores de ella”.

En 1501, tras el levantamiento de Sierra Bermeja, sometidos los moriscos de la zona doña Beatriz de Pacheco, viuda del Duque encargó a Juan de Ayllón  poblar la serranía con 317 vecinos de Marchena, Arcos, Bornos, Villamartín, Espera, atraídos especialmente por el reparto de tierras. 

En Febrero de 2021 se ejecutaron labores de limpieza, toma de catas y documentación de estructuras, trabajos previos que servirán para redactar el proyecto de intervención de la Fase 2 de recuperación de la Muralla del Palacio Ducal,  en los alrededores de la calle Del Moral, una calle olvidada en pleno barrio de San Juan. En estos trabajos se documentó el antiguo pasaje de Capuchinos que conectaba la calle doctor diego Sánchez a través de a calle del Moral con los jardines y huerts del palacio pasando por debajo de las ruinas del convento capuchino, fundado en 1650 por el IV Duque Rodrigo Ponce, virrey en Nápoles. 

Ubicación del Pasaje de Capuchinos. Antes de existir el convento de Capuchinos  se llamó Calle del Moral. 

Así era el sabat, el pasadizo elevado de origen islámico, que unía Santa María con el Palacio

LA CALLE DEL MORAL

En la calle Del Moral que lleva muchos años sin tener acceso público, había casas cedidas por el Duque a  hermandades como la Veracruz y Animas de San Juan (hoy fusionadas) aunque el mayor propietario de la zona era el Conventos de San Francisco y en menor medida Santo Domingo. Sus casas se tomaron para construir el convento de Capuchinos.

Rodrigo Ponce de León en 1649 escapó de milagro a la rebelión de Massaniello siendo Virrey de Nápoles (1647).

Por temor a las clases populares compró las casas de la barriada Puerta Ecija que lindaban con el Palacio para eliminarlas y construir en parte del solar resultante el Convento y Huerta de Capuchinos sobre solares de las casas de la calle Del Moral y otras en 1650.

Una de estas casas, la sexta era de María de la Cruz, «que paga a la cofradía de la Vera Cruz 30 reales y al convento de san Pedro, 9” casa valorada en 660 reales. Vicente Baeza, lacayo del Duque, pagaba anualmente diez reales y un cuartillo al convento de San Francisco por unas casas en la calle del Moral por escritura otorgada ante el escribano Francisco Xuares.

Lindaba la casa del convento de San Francisco con otra de Maria Pérez y otra de la Cofradía de la Veracruz «por escritura de venta ante Diego Núñez, escribano público que fue de esta villa en 1599.

La barriada perdida en Marchena tras la rebelión de Nápoles contra el Duque de Arcos

El 21 de enero de 1620 Luis Guillermo de Fuentes, escribano de cámara del Duque de Arcos y «rector que soy de la Cofradia de Animas del Purgatorio de la iglesia de  San Juan»  redime las rentas de unas casas propiedad de dicha cofradía en la calle del Moral, a Diego Garcia de Montemayor y Maria Alfonso su mujer.

En la desaparecida calle Del Moral había casas cedidas por el Duque a  hermandades como la Veracruz y Animas de San Juan (hoy fusionadas) aunque el mayor propietario de la zona era el Conventos de San Francisco y en menor medida Santo Domingo. Sus casas se tomaron para construir el convento de Capuchinos.

El juego de pelota que estuvo en el Palacio Ducal desde 1541

Una de estas casas, la sexta era de María de la Cruz, «que paga a la cofradía de la Vera Cruz 30 reales y al convento de san Pedro, 9” casa valorada en 660 reales.

La casa de Maria de la Cruz tenía dos rentas una del convento de San Pedro Mártir, de 156 reales, «por un codilicio de Gregorio de Angulo, ante Luis de Utrera de 18 de Noviembre de 1593», y otra renta principal que iba a la Cofradía  de la Veracruz por la casa que tenía arrendada a María de la Cruz y que fue a parar a Pedro González Bayón.

Vicente Baeza, lacayo del Duque, pagaba anualmente diez reales y un cuartillo al convento de San Francisco por unas casas en la calle del Moral por escritura otorgada ante el escribano Francisco Xuares.

Lo que queda del Palacio Ducal de Marchena según excavaciones arqueológicas

Lindaba la casa del convento de San Francisco con otra de Maria Pérez y otra de la Cofradía de la Veracruz «por escritura de venta ante Diego Núñez, escribano público que fue de esta villa en 1599, sobre la cual se cargan anualmente dos reales y un cuartillo, que se pagan anualmente al convento de San Francisco» por la Festividad de Todos los Santos «de la limosna de dos misas rezadas por el alma de Catalina Gutiérrez».

El 21 de enero de 1620 Luis Guillermo de Fuentes, escribano de cámara del Duque de Arcos y «rector que soy de la Cofradia de Animas del Purgatorio de la iglesia de  San Juan»  redime las rentas de unas casas propiedad de dicha cofradía en la calle del Moral, a Diego Garcia de Montemayor y Maria Alfonso su mujer.

GALERIA: Exposición de las joyas del Palacio Ducal en el convento de Santa María

FUENTES:

-“Memoria del dinero que es menester para la redención de los censos de las capellanías y cofradías de la santa Veracruz y Änimas de de San Juan y misas de los Vice Beneficiados”. Archivo Histórico de la Nobleza,OSUNA,C.171,D.268-285.

-«Documentación relativa a la fundación y patronazgo, por parte de los duques de Arcos, del Convento de Capuchinas de la orden de San Francisco, situado extramuros de la villa de Marchena (Sevilla).»  Archivo: Archivo Histórico de la Nobleza. Signatura: OSUNA,C.171,D.214-229).

Portada: Calle de la Almona, o La Mona, hoy calle Mariana Pineda.

En el XIX La libra de jabón blando seguía siendo un bien preciado que se vendía a dos reales y medio la libra en la Casa de Venta del Jabón propiedad de la Casa Ducal que producía rentas de 550 reales al año mientras que la Casa de la Almona o fábrica de Jabón generaba 440 reales anuales. 12.500 reales percibía la hacienda del duque por las rentas del jabón de Marchena. 

Para hacer jabón se necesitaba aceite y almarjos, planta que crece en terrenos con agua y de cuya quema se obtiene la sosa o barrilla, cenizas ricas en sales alcalinas para blanquear la ropa. Por este motivo el impuesto se llamó renta del jabón, de la sosa y barrilla. 

Mucha gente podría hacer jabón en Marchena por la riqueza en aguas hasta que en 1572 el Duque se hizo con el monopolio del jabón y los vecinos acudieron a los jueces iniciando un pleito ante la chancillería de Granada.

Antigua Almona de Dos Hermanas. 

Los vecinos se quejaban de que el Duque había puesto «estanco en ella para que ningún vecino pudiese hacer jabón en su casa ni meterlo de fuera parte bajo de graves penas» sobre lo que decían las ordenanzas de Marchena.

Un escribano de Marchena declaró que el Estado de Arcos cobraba la renta de la almona de jabón desde 1486.

Un vecino de Marchena, Diego Trigueros afirma que desde 1455 se venían registrando las cuentas del jabón por el mayordomo de Marchena. según esas cuentas a Nicolás de Rojas le cobraron en 1462, 760 maravedíes por las rentas de jabón que tenía arrendadas a Juan Fernández y en 1463 Ruy Fernández paga 2200 reales, y Juan Alfonso arrendador de la renta de jabón de  Marchena, 300 maravedíes.

Almona en Guadalcanal. 

El Estado de Arcos fabricaba jabón en Marchena, al menos «desde 200 años antes» según los testigos del pleito de 1759 iniciado por el Duque de Medinaceli por el derecho del jabón de Marchena, Arcos y Jerez. 

Almona de la Cilla de Osuna.  

Los reyes castellanos heredaron y mantuvieron los impuestos creados por los reyes taifas musulmanes, y en Marchena el «tesoro real»  o almojarifazgo fue a los Ponce de León incluyendo la renta de la teja y ladrillo, cal y yeso, madera, cenizas de hornos de pan, etc. 

Los que la cobraban la renta se llamaban almojarifes, tesoreros de la Real o ducal Hacienda, de Jalifa, máxima autoridad árabe, similar a califa. Aún en 1497 en Arcos se afirma que nadie podía hacer ni vender jabón en la ciudad sin permiso de dicho Jarife o jalifa (sic). 

La fabricación del jabón en Sevilla pasa de los reyes musulmanes a la Casa de Medinaceli, y luego Catalina de Ribera por merced de los Reyes Católicos.  Las Almonas Reales de la calle Castilla produjeron el jabón más cotizado, el jabón «Castilla» y antes en el siglo XII, en tiempos de Al-Andalus, las jabonerías estaban en Triana cuyos restos aparecieron en una obra en 1989.

Torre de la Almona de Dos Hermanas. 

En 1773 Santiago Fernández, vecino de Marchena (Sevilla),pide permiso para fabricar y vender jabón en Marchena y el el Duque le dice que no tiene impedimento alguno en sacarlo a subasta.

Pero el Duque de Medinaceli había comprado el monopolio del jabón del Arzobispado y quien lo incumplía era encarcelado, como le pasó a Diego Alonso de Silva lo que dio origen a pleitos contra los Duques de Arcos y le reclaman en 1761 que dejara libre el derecho del jabón en Marchena y Arcos, pero el derecho a fabricar jabón en Marchena era  del Duque de Arcos «desde tiempo inmemorial» alegan las autoridades marcheneras.

La casa de Medinaceli esgrimió los acuerdos de Febrero de 1492 donde Rodrigo Ponce de León vendía al hijo de Pedro Enriquez, 2000 maravedies de las rentas de jabón de Sevilla pero no sobre Marchena.

En 1811 con la toma francesa de Marchena el gobierno local del corregidor Antonio Leguey, colaborador de los franceses acuerda eliminar el monopolio del negocio del jabón del control de los Duques de Medinaceli que pesaba sobre toda la provincia y arzobispado de Sevilla desde el siglo XVI.

Entonces Sebastián de Vega, vecino de Carmona, pide al Ayuntamiento de Marchena que se le permita el comercio de jabón en los puestos públicos marcheneros de acuerdo a impuestos municipales, no pudiendo excederse de los precios que están acordados para su venta por el Ayuntamiento.

FUENTES:

1.-Ejecutoria y memorial ajustado del pleito seguido por el [X] duque de Arcos, Francisco Ponce de León y el [XI] duque de Medinaceli, [Luis Férnandez de Córdoba Figueroa], sobre el derecho de permiso, fabrica y venta del jabón de la almona de Marchena (Sevilla), Arcos y Jerez de la Frontera (Cádiz). 1759-10-13. 

2.-Las almonas de Carrión de los Céspedes (Sevilla). Pleitos sobre su propiedad entre el marqués de Villafranca del Pítamo y el duque de Medinaceli en el siglo XVIII.

3.-La composición de los almojarifazgos señoriales del reino de Sevilla, siglos XIII-XV

4.-E. Solano Ruiz. “La hacienda de las casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV”. AH, 55, 168, 1972, pp. 96-97).

5.-Autos con las tomas de posesión de todo lo perteneciente a la casa de Arcos en Marchena: castillo, contaduría, alcabalas, censos, cárcel, almona, Monte Palacio, donadíos, cortijos y tierras. Marchena, desde el 10 al 17 septiembre de 1743.

6.-Documentación relativa al convenio establecido entre Francisca Ponce de León, señora de Zahara, y Catalina de Ribera, en nombre de Fernando Enríquez, su hijo y del adelantado mayor de Andalucía, Pedro Enríquez, cediendo la primera cierta cantidad de renta sobre las jabonerías de Sevilla y Cádiz, a cambio de la almona y jabonería de Jerez de la Frontera.

7.-Documentos de posesión de derechos sobre jabonerias de la Casa de Arcos en Sevilla y Jerez en 1448. 

8.-Testimonio de la denuncia que presentó Antonio de Herrera, arrendador del abasto y renta del jabón, contra Benito Márquez y su mujer María Hernández, por haber actuado contra las ordenanzas de la renta del jabón, y sentencia por dicha denuncia. 1560. 

9.-Marchena siglo XIX. Decadencia, guerra y revolución. Tomo II. Actas municipales. 1800-1933. José Alcaide Villalobos.

De: Alvaro Cabeza Andrés es Licenciado en Historia y Docente.

Se cumplen estos días 85 años del golpe de estado que dio lugar a nuestra última guerra civil y, a continuación, a varias décadas de dictadura. En Marchena la guerra apenas duró tres días, tras los cuales y de manera inmediata se convirtió en una ciudad de la retaguardia franquista.

El 21 de julio de 1936 a las 20.20 se llevó a cabo la destitución de la Corporación Municipal encabezada por el socialista Luis Arispón Rodríguez. Esa Corporación había sido elegida en mayo de 1931, pero fue cesada por orden del gobernador civil en junio de 1934 y de nuevo repuesta, también por orden del gobernador, en febrero de 1936. En su lugar fue nombrada una Comisión Gestora compuesta por cinco falangistas al frente de la cual fue designado José, “Pepe”, Montero Góngora.

Montero Góngora llevaba años siendo practicante de la Beneficencia. En esas fechas el otro practicante municipal era Antonio Giraldo Pérez, militante socialista que fue asesinado pocos días después de la toma de posesión de su colega.

La participación activa de Montero Góngora en la vida política y social de Marchena venía de años atrás. Hagamos un repaso muy sucinto de su actividad pública.

Ya en los últimos meses de la Monarquía tenía cierto peso social y por esa razón fue citado en el Ayuntamiento junto a otros destacados miembros de la sociedad para buscar soluciones a la grave crisis de desempleo. En mayo de 1933 formó parte de la comitiva marchenera que asistió al entierro en Sevilla del dirigente empresarial Pedro Caravaca. Ese entierro se convirtió en una muestra de repulsa por la inseguridad vigente y en una demostración de fuerza de las organizaciones conservadoras contra el Gobierno republicano.

Los cinco mayores contribuyentes de Marchena al inicio de la II República

Unos días después fue elegido bibliotecario de la junta directiva local de Acción Popular, partido político liderado por Gil Robles. Montero fue, por otra parte, el impulsor de la constitución en Marchena de las Juventudes de Acción Popular. Su militancia en el partido de Gil Robles no le impidió ser miembro fundador de Comunión Tradicionalista en agosto de 1933 y afiliado a Falange más adelante.

A lo largo de su vida profesional sufrió varias sanciones. La primera fue de carácter político puesto que, al parecer, hizo comentarios favorables a la intentona golpista de Sanjurjo en agosto de 1932. Esa sanción –destitución definitiva de su puesto- no se llegó a ejecutar y fue dejada sin efecto por el alcalde Arispón.

Alvaro Cabeza rescata la historia de los riojanos que emigraron a Marchena en el XIX

Otra sanción vino motivada por no atender a un herido y por desobedecer las instrucciones del médico y futuro alcalde Vicente Andrés y Torre. Curiosamente, mantenía una relación de estrecha amistad con la familia de Vicente Andrés. La sanción –suspensión temporal de empleo y sueldo por abandono del servicio- fue recurrida en los tribunales y nunca se llegó a resolver.

La Corporación conservadora nombrada en junio de 1934 y encabezada precisamente por Vicente Andrés lo restituyó a petición de la minoría de Acción Popular. Esa decisión fue revocada en febrero de 1936 por la Corporación del Frente Popular. Este nuevo cese fue respondido por los sectores conservadores con un escrito en su apoyo “por ser conocida su competencia y buen servicio”. Finalmente, sería reintegrado a sus funciones sanitarias por la Comisión Gestora que él mismo presidía.

El llamamiento de Juan Alvarez en 1934 para salvar la hermandad de la Caridad

Tras tomar posesión en julio de 1936 remitió un telegrama a Queipo de Llano informándole del hecho y saludándolo con un “viva a la España republicana con honra”. Inmediatamente dio comienzo a la purga de trabajadores municipales. Firmó los primeros decretos de cese al rato de su nombramiento, lo que nos indica la premeditación y planificación de la decisión.

En los días posteriores siguió destituyendo trabajadores con el argumento de ausencia del puesto de trabajo, ausencia que estaba causada simplemente porque algunos o bien habían sido asesinados o bien habían huido para evitar represalias.

Se adelantó a las órdenes de Queipo tanto en la depuración del personal municipal como en la limpieza de paredes que contuvieran pintadas de cariz marxista. En los poco más de tres meses que presidió el Ayuntamiento tuvo lugar en Marchena una sangrienta represión, como ha relatado y documentado el fallecido Javier Gavira. Este historiador atribuye a Montero Góngora la participación en agosto y septiembre en una cuadrilla de “limpieza”.

El maestro vallisoletano que dió nombre a la principal avenida de Marchena

En cuanto a su gestión municipal, aparte del cambio de nombre de algunas calles, lo más destacado es la creación a final de julio de “un servicio de socorro” para dar comida “a la clase obrera libre y sana”. Dos semanas después de crearlo redujo el servicio a una comida diaria “habida cuenta de la época de crisis y la seguridad de que desgraciadamente se prolongará”. En paralelo y justo en esos mismos días el gasto municipal en manutención de soldados ascendió, como mínimo, a la importantísima cantidad de 4.473 ptas.

En cuanto a su carácter personal, según documentos municipales era de condición pendenciera, lo que unido a  su inclinación a la bebida le deparó alguna que otra reyerta. Como consecuencia de una de ellas en 1941 la alcaldía tuvo que dar traslado a la Inspección Provincial de Sanidad para que aplicara la sanción correspondiente dado el desprestigio que su comportamiento suponía para el Ayuntamiento. En una de esas trifulcas tabernarias fue herido de muerte pocos años después.

(Para más información o rectificación alvarocabezaandres@gmail.com)

La historia del bandolerismo en Marchena aparece vinculada a caminos, cortijos, estaciones de tren, fugas, juicios y persecuciones por la campiña sevillana. El reportaje gráfico fotografiado recoge varios episodios que sitúan a la localidad dentro de una geografía del delito que, entre el siglo XIX y los primeros años del XX, conectaba Marchena con Casariche, Estepa, Utrera, Arahal, La Puebla, Pedrera y Jerez.

Uno de los episodios más destacados es el juicio celebrado en Marchena contra Juan Cano y su familia, relacionados en el texto con el amparo a bandoleros. Según el reportaje, Juan Cano, alcalde de Casariche y vinculado al Partido Progresista, fue acusado de dar cobijo a bandoleros y de convertir ese entorno en una red de secuestros que pedía rescates y operaba por media Andalucía.

El proceso se celebró en Marchena porque, según se explica, Juan Cano era una persona muy relacionada en la Sierra Sur, con contactos entre jueces, autoridades, familias nobles y conocidos bandoleros de la comarca. Por ello, el texto señala que se consideró más seguro que el juicio tuviera lugar en Marchena.

La acusación particular fue ejercida por Antonio Álvarez Chocano, empresario agrícola, abogado y periodista afincado en Estepa. En el juicio, que según el reportaje se conserva íntegro, Álvarez sostuvo que buena parte de los raptos y asesinatos se verificaban en el campo de Casariche o en sus inmediaciones, que los planes salían de Casariche y que los delitos se consumaban a mayor o menor distancia de dicho pueblo.

El reportaje cita entre los bandoleros relacionados con ese entorno a figuras como Caparrata, el Chato Talavera, José María el Tempranillo, Pedro el de Utrera y otros nombres vinculados a Casariche y su área de influencia. También se señala que el juicio de Marchena constaba de 1.200 folios y que Juan Cano fue condenado a doce años de cárcel.

La doble página sitúa el fenómeno en una cronología más amplia. En 1814 se recoge el asalto de los Siete Niños de Écija a un grupo de carreteros en Marchena, el 20 de agosto, en La Tinajuela. En 1842, diez bandidos a caballo hacían incursiones en Marchena. En 1853 aparece el juicio contra los Cano en Marchena, con varios miembros de una familia condenados a cárcel. En 1883, tres hombres robaron y ataron a los empleados de la estación de Ojuelos. En 1906, la Guardia Civil avisó de que había visto a Pernales cerca de Palomate. Y en 1908 se sitúa el caso del bandolero marchenero Laureano Conejero.

Laureano Conejero ocupa la parte central del segundo reportaje. Según el texto, en 1908 el bandolero marchenero, acompañado por Juan Martínez Barragán, conocido como “el Cojo de Bailén”, y Juan Gómez Rivera, “el Herrero de Utrera”, eran tres presos conducidos en tren hasta Jerez cuando huyeron del convoy. En la fuga murieron dos guardias civiles: Antonio Rodríguez Márquez y Jerónimo Ramírez Morón.

El reportaje explica que los presos aprovecharon que les habían cambiado los grilletes de las manos a los pies para comer. En ese momento arrebataron a uno de los guardias civiles su machete. Tras neutralizar a los agentes, se hicieron con sus armas y saltaron del tren en marcha. La gravedad de las heridas provocó la muerte de un agente en Jerez el mismo día y del otro cuatro días después.

A partir de entonces comenzó una persecución policial por la campiña sevillana que se prolongó durante semanas y terminó con los presos nuevamente en la cárcel. El texto recoge que fueron detenidos los padres de Conejero, según publicó El Pueblo el 28 de octubre. También señala que uno de sus compañeros, “el Herrero”, natural de Utrera, estaba siendo perseguido por un robo en Marchena.

El reportaje indica que ambos fueron localizados el 27 de octubre en una finca de Utrera y que, tras un encuentro con la Guardia Civil, huyeron hacia Marchena. Poco después fueron vistos en otro punto del recorrido, mientras la Guardia Civil localizaba una carta dirigida a Conejero en un cortijo de Jerez.

La carta, reproducida parcialmente en el texto, estaba escrita en tono familiar. En ella se le decía: “Querido hijo: me alegraré estés bueno; nosotros, buenos. Laureano, no haberte escrito, ha sido porque dijeron a mamá que tú no estabas ya en Sevilla; de modo, que cuando leas ésta, de seguida escribas, para mandarte lo que dijiste a papá. Recuerdos de tu hermano, besos de tus sobrinos y padres”.

El periódico El País también aparece citado en el reportaje mediante una reproducción de prensa titulada “Los matadores de los guardias”. Según el texto, la Guardia Civil encontró pertenencias de los fugitivos en un pinar a tres kilómetros de La Puebla y poco después fueron vistos entre Marchena y Arahal, de lo que se dedujo que iban a pie y cansados por el acoso policial.

Diez días después de la huida del tren, “el Cojo de Bailén” y Laureano Conejero fueron apresados en Pedrera por dos guardias jurados, Isidoro Fernández y José Verger, en la Villa del Carnero, una finca de la localidad. Fueron llevados ante el alcalde Macedonio Luna, quien ordenó la conducción de los fugitivos.

Desde Pedrera fueron trasladados en tren hasta Sevilla, custodiados por tres parejas de la Guardia Civil. El reportaje añade que las estaciones de salida, llegada o paso del tren estaban ocupadas por la Benemérita y por una multitud de curiosos.

Uno de los momentos más significativos del relato se produce al pasar por Marchena, localidad natal de Laureano Conejero. Según el texto, un guardia le indicó la población donde llegaban y él respondió: “¿Y qué me importa ya ese pueblo?, ya no tengo que pensar dónde nací, sino dónde me van a matar, que será pronto”.

El reportaje cierra el perfil de Conejero con una referencia familiar. Según el texto, en 1884 un tío suyo, hermano de su padre, asesinó y robó en el campo a un hombre apellidado Baeza, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la Plaza del Ayuntamiento de Marchena. El Consejo de Guerra lo condenó a ser ejecutado el 3 de febrero por garrote vil.

La historia de los bandoleros en Marchena queda así presentada como una memoria áspera, hecha de caminos rurales, trenes vigilados, cortijos, persecuciones y nombres que pasaron de la crónica judicial a la memoria popular. No se trata solo de leyenda: en los datos recogidos por el reportaje aparecen fechas, procesos, condenas, fugas y muertes que muestran hasta qué punto Marchena formó parte de aquella geografía andaluza del bandolerismo.